El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, diputado José Pallais, aseguró que “los jueces no están por encima de la ley” .
Y confirmó que la ley contra el crimen organizado incorpora los delitos en los que pueden incurrir funcionarios en cuanto al delito de crimen organizado, como el cohecho y prevaricato.
“Si hay sospechas de una narcoliberación, es obligación de la Policía Nacional no irse a quejar, ni a llorar ante la Corte Suprema de Justicia sino abrir la investigación de crimen organizado contra estos judiciales”, manifestó.
En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia suspendió a tres magistrados de Granada por sospechas de ordenar la liberación de 14 narcotraficantes.
[/doap_box]
En el caso del Poder Judicial, dijo el parlamentario, no sólo deben actuar administrativamente sino que es deber de la presidenta de la comisión de administración de ese Poder del Estado cooperar con las investigaciones que realicen esas instituciones.
SOSPECHAR DE MEJORÍA ECONÓMICA
Por ejemplo —mencionó Pallais— las autoridades deben investigar “si estos señores han mejorado su situación económica, si ha habido circulación de dinero, si han llegado fondos a su cuenta (bancaria), todo eso lo permite la ley de crimen organizado”.
A inicios del año pasado, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales —quien preside el Consejo Nacional contra las Drogas— habló de la existencia de un listado de jueces que con más frecuencia liberaba a internos. Meses después nadie quiso referirse al tema. Según Pallais, la lista existió y él propuso que se analizara cada uno de los expedientes, al final no lo hicieron porque faltó colaboración.
Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), señaló que hasta ahora sólo el Ministerio Público ha aplicado la ley.
El efecto inmediato que causa la falta de implementación de la ley “es mayor corrupción en el Estado”, afirmó Orozco. El investigador del IEEPP en temas de seguridad manifestó que está comprobado, con una serie de documentos, “que mucho dinero se ha perdido en manos de funcionarios de las instituciones del Estado que tienen que ver con la custodia del dinero”.
Orozco refirió que se habla de la existencia de un inventario de más de 22 millones de dólares, contabilizados en los últimos seis años, cuyo destino no se ha sabido.
“El narcotráfico se incomoda, cuando está viendo que su dinero no lleva el proceso de incautación y decomiso (…) por las vías establecidas en los procesos penales y al final el Estado no se queda con ese dinero”, señaló Orozco.
Y mencionó, como ejemplo, el caso de la isla El Muerto, Chontales, donde unas 27 fincas fueron decomisadas, “¿en manos de quién están?”, preguntó.
Mientras que el diputado Pallais ha pedido cuentas a las distintas instancias sobre los bienes recuperados en tres operativos, que juntos suman poco más de cinco millones de dólares.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
