Veinticuatro vigilantes de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) fueron acusados este viernes en el Juzgado Séptimo Local de Managua, pasadas las 11:00 de la mañana, en una jornada de tensión para sus familiares y para sindicalistas que vagaban por los juzgados indispuestos a ofrecer sus nombres a los periodistas, mientras esperaban afuera una decisión que llegó una hora después.
El juez Henry Morales, circunspecto frente a las cámaras de televisión y ante una nutrida presencia de oficiales de la Policía Nacional, decidió que los trabajadores apresados el pasado 2 de febrero enfrenten el juicio en libertad y se reporten periódicamente ante el Tribunal.
Hubo un caso especial. Morales dejó libre completamente a Neil Valentín Cayasso, de 57 años, quien fue mencionado únicamente en la lista de acusados pero su participación no fue descrita por la fiscal Matilde Villanueva.
- Según Gonzalo Carrión, del Cenidh, es imposible que se pueda violar domicilio, en este caso porque los trabajadores están en su lugar de trabajo.
¿Cuál es el delito que allí se comete? Es de orden laboral. Es como dice la fiscal de derechos de los trabajadores. La llegada de la Policía es la criminalización de esos derechos. En todo caso, debió haber una discusión con el movimiento sindical que como ustedes ven brilla por su activa ausencia. Lo triste es que la Policía los puso como sujetos súper peligrosos, dijo Carrión.
Un detalle curioso es que una de las abogadas defensoras de los acusados tiene como lugar de notificación la Central Sandinista de los Trabajadores.
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Alzando las manos al escuchar la decisión del juez, se acabaron dos días de cárcel después de un operativo en que oficiales de las brigadas antidisturbios de la Policía Nacional tomaron bajo control las instalaciones centrales de la aguadora, al sur de la capital.
Con la orden a la Policía de despejar la sede, aún a costa de golpear a los trabajadores como se denunció, se estrenó en la presidencia ejecutiva el general en retiro Evert Alemán Lara, nombrado el 31 de enero en el cargo por el presidente Daniel Ortega.
FAMILIARES INDIGNADOS
Horas antes de la resolución, los familiares que gritaban afuera de la sala del Juzgado Séptimo Local insistían en que los detenidos no tienen ninguna relación con el desabastecimiento de agua potable que castiga a 44 barrios de Managua.
Es lo que llaman un momento de desesperación. De indignación colectiva. El mismo Alemán un día antes acusó en los medios oficialistas a “una mano criminal” que cierra las válvulas y describió a los responsables como ex trabajadores que conocen el funcionamiento de la empresa.
Los detenidos tenían ayer sed de libertad. Ojos tristes, vestidos unos con sus uniformes y otros de camisola, rostros de desvelo, negaban insistentemente con la cabeza las acusaciones de la fiscal que se esmeraba en presentar el caso acompañada del Procurador designado y que resultó ser un abogado de la aguadora nombrado recientemente, Marvin Urcuyo Parrales.
Según la fiscal, los trabajadores se levantaron armados contra la autoridad cuando el supervisor de la empresa de vigilancia interna, a la que los trabajadores pertenecen, les comunicó que ahora se haría cargo de la seguridad otra compañía: Emprosa.
ORDEN VINO DE ARRIBA
La acusación precisa que quien ordenó el cambio de la empresa de vigilancia fue Ricardo Martínez Argüello, jefe de despacho de la Presidencia Ejecutiva.
“Douglas Antonio Fonseca (uno de los acusados) manifestó verbalmente su inconformidad, diciendo que no era justo que los movieran de sus objetivos, que ése era un derecho ganado por haber botado a la Ruth Selma (Herrera, ex presidenta de Enacal entre 2007 y 2010)”, narró la fiscal.
CARCELEADA ES INJUSTA
En una esquina de la sala judicial escuchaba la acusación Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Se están criminalizando los derechos, porque los trabajadores y la fiscal lo dice, ellos reclaman su derecho. Ellos se resisten a un cambio de trabajo. Porque nadie en ninguna parte del mundo, donde se rige por el derecho, anda haciendo cambios de trabajo a las 7:00 p.m. sin participación de un movimiento sindical que en Enacal es súper organizado”, recordó Carrión.
Para el activista, la decisión gubernamental “fue echarle a la Policía y cuál es el mensaje. Al que reclama derechos ya sabe lo que le espera: una carceleada injusta”.
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