MÉXICO/EFE
Amnistía Internacional (AI) alertó ayer al Gobierno mexicano sobre el peligro que corre la Casa del Migrante San Juan Diego, ubicada en el municipio de Tultitlán (centro de México), luego de que supuestos criminales amenazaron con quemar el lugar y atacar a sus ocupantes.
En un comunicado, AI urgió al Gobierno adoptar “medidas inmediatas de protección”, e investigue la amenaza hecha aparentemente “por bandas de traficantes de personas que actúan en la zona y que consideran que el refugio amenaza sus actividades ilícitas”.
- La Casa del Migrante San Juan Diego, en Tultitlán, ha atendido en dos años a cerca de 28,000 inmigrantes y es dirigida por la activista Guadalupe Calzada quien, según Amnistía Internacional, corre peligro en el hogar.
[/doap_box]
También convocó a inmigrantes, activistas y a organizaciones civiles a elaborar un documento que respalde la exigencia de protección del albergue, dirigido tanto a la Secretaría de Gobernación (Interior) como a las autoridades del central Estado de México, donde se localiza el albergue.
“No queremos infundir pánico, queremos llevar el tema con mucha prudencia. Sin embargo, una amenaza como ésta requiere las medidas necesarias para evitar una tragedia”, dijo Guadalupe Calzada.
La amenaza fue recibida el pasado 30 de enero cuando un desconocido se acercó a un indocumentado guatemalteco y le advirtió de que había planes de quemar el albergue y matar a los inmigrantes y “como a un perro” a Calzada.
Según Calzada, ese mismo día la policía detuvo a un hombre que merodeaba el lugar y lanzó gritos e insultos contra la Casa, aunque después fue puesto en libertad.
“Creemos que este incidente pueden estar relacionado con la amenaza”, dijo la activista, quien es llamada “Mamá Lupe”. “Lo más importante es cuidar y proteger a más de una veintena de indocumentados centroamericanos que se encuentran ahora en el albergue”, aunque muchos no saben sobre la amenaza para no preocuparles, puntualizó.
Los indocumentados corren muchos riesgos a su paso por México, debido a que son víctimas de autoridades que los extorsionan y de delincuentes que los secuestran para exigir a sus familiares el pago del rescate o para reclutarlos como sicarios.
En agosto pasado, unos 72 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron asesinados en el estado mexicano de Tamaulipas, en el noreste, en una acción atribuida al cártel mexicano de Los Zetas.
En diciembre al menos 30 indocumentados centroamericanos fueron secuestrados por grupos del crimen organizado en el sureño estado de Oaxaca.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
