Por Elízabeth Romero y María José Uriarte
Las deportaciones de nicaragüenses de Panamá tienen un alto costo para ese país, según dijeron ayer funcionarios del Servicio Nacional de Migración (SNM), tras ratificar las medidas migratorias a los nacionales.
Las medidas que exigen pasaje aéreo a los nacionales aunque lleguen por tierra se han implementado “ante el creciente número de ciudadanos nicaragüenses que entran al territorio panameño en excursiones y luego se quedan de manera ilegal, los que una vez detectados tienen que ser deportados a su país de origen vía aérea acarreándole altos costos económicos al Estado panameño”, reza un comunicado enviado por correo electrónico por la oficina de relaciones públicas del SNM panameño.
Sólo el mes pasado, las autoridades panameñas habrían devuelto a nueve nicaragüenses, lo que significó un gasto de 3,197 dólares.
Y durante el 2010 los panameños expulsaron a 752 extranjeros, “la mayoría de ellos nicaragüenses”, dice el comunicado sin precisión. En esas deportaciones el Estado panameño habría invertido 443 mil 292 dólares.
Otro dato para el argumento panameño es que en los últimos 16 meses entraron a ese país 32,000 nicaragüenses de los cuales seis mil se quedaron allá.
“La deportación no puede ser por vía terrestre por los controles migratorios establecidos por el Gobierno de Costa Rica”, dijo Didacio Camargo, vocero del SNM a la agencia de noticias ACAN-EFE.
Según las autoridades panameñas, los costarricenses dejaron de otorgar visas de tránsito a los nicaragüenses desde Panamá, lo que no ocurría antes. Sin embargo, esta decisión que pone en aprietos a decenas de nacionales que iban a Panamá, no ha sido explicada aún por los ticos.
- En Costa Rica, el viceministro de Gobernación, Mario Zamora, creyó que las complicaciones para viajar y retornar vía terrestre desde Panamá estaban resueltas.
De acuerdo con Zamora, la doble visa permitía, en el caso de los nicaragüenses que viajan por tierra a Panamá, transitar usando territorio costarricense y regresar por la misma vía, sin necesidad de ir a consulados ticos en Panamá.
Sin embargo, el funcionario admitió que no sabía si esto seguía vigente o no. Tampoco se pronunciaron las autoridades de Migración costarricense sobre este tema.
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Tampoco ha merecido una reacción de las autoridades nicaragüenses. A pesar que a comienzos de la semana un grupo de excursionistas fue a la Cancillería a buscar explicaciones y apoyo, el canciller Samuel Santos no se pronuncia sobre el caso.
Ayer el vicecanciller Manuel Coronel dijo que no tenía ninguna comunicación oficial y que el tema seguramente estaba en manos de la Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
RECIPROCIDAD
Mientras el Gobierno reacciona, algunos diputados consideraron que se deben aplicar medidas recíprocas con los países vecinos.
El diputado Eliseo Núñez Hernández dijo que los diputados, como representantes del pueblo, no deberían quedarse de brazos cruzados ante los vejámenes que enfrentan los connacionales en Costa Rica y Panamá, por lo que propuso la aplicación de un arancel de 20 dólares que deben pagar las unidades de transporte terrestre de carga de más de 8 toneladas de capacidad por eje que provengan de Costa Rica y Panamá.
Ese arancel fue aprobado en octubre pasado en la reforma a la Ley Creadora del Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav) y publicado en La Gaceta, pero no se ha hecho efectivo porque la Asociación de Transportistas de Nicaragua se opone.
Núñez estima que los ingresos de esa medida pueden implicar unos diez millones de dólares, de los cuales la mitad se puede utilizar para pagar el juicio en La Haya, “que del mismo cuero salga la coyunda”.
Francisco Aguirre Sacasa, ex Canciller de Nicaragua, dijo que obviamente existe una alianza entre Costa Rica y Panamá para doblegar a Nicaragua en el tema del río San Juan, lo que no sucederá.
Recordó que una de las normas básicas de las relaciones internacionales “es tratar a los países como a uno lo tratan”, por lo que se debe pedir a los panameños lo mismo que piden a los connacionales.
Descartó que implementar alguna medida contra Costa Rica y Panamá implique que puedan incrementar restricciones a los nicaragüenses.
ES POLÍTICO y DISCRIMINATORIO, DICE CENIDH
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, observó en las disposiciones migratorias de Panamá “un compadrazgo” entre los gobiernos de Panamá y Costa Rica.
“Lo que se ve en esta nota que aquí hay una alianza política, un compadrazgo entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de Costa Rica. Esto tiene un trasfondo político ideológico”, manifestó Núñez.
La defensora de derechos humanos estimó que esta situación es una reacción del presidente de Panamá a declaraciones despectivas que ha hecho el presidente Daniel Ortega.
Núñez criticó que el gobierno de Ortega no se haya pronunciado por el endurecimiento de los controles migratorios de los panameños.
Al tiempo que consideró el comunicado panameño como “bastante irresponsable” pues da información “sin fundamento” al referir que toda persona que viaja en excursiones lo hace para quedarse en ese país.
COPA FIEL A MEDIDAS DE SU PAÍS
La restricción panameña se aplica desde el aeropuerto internacional de Managua. Aparentemente, los funcionarios de la aerolínea Copa no dejan subir a los aviones con destino a Panamá a los nicaragüenses que no lleven su boleto aéreo de regreso, según denunció un poblador ayer en la página web de LA PRENSA.
Aunque la oficina de Migración nicaragüense no se ha pronunciado sobre el tema, se estima que a Panamá viajan miles de nacionales para traer mercadería, pero también a realizar trabajos temporales por la falta de empleo que existe aquí.
(Con la colaboración de Josué Bravo).
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