La trata de personas en el país sigue sin ser identificada entre la población como un delito. La falta de conocimiento sobre el mismo lleva muchas veces a las familias de las víctimas a no denunciarlo.
El año pasado de 12 causas que recibió el Ministerio Público, únicamente en cuatro acusaron en los tribunales. Otros dos juicios correspondían al año anterior.
Sin embargo, la directora de Casa Alianza Nicaragua, María José Argüello Ramos, aseguró que esa organización brindó atención el año pasado a 40 víctimas de trata. En su mayoría repatriadas de Guatemala y Costa Rica llevadas con engaños para explotación sexual y laboral. Según dijo Argüello, todas las víctimas eran adolescentes.
El fiscal Javier Morazán, director de la unidad especializada Anticorrupción y Crimen Organizado, explicó que en estos casos las denuncias son muy pocas. “Primero porque la gente desconoce… aunque se dé cuenta de un hecho no lo denuncia si no saben qué cosa es trata. Segundo, las víctimas no lo denuncian por temor a represalia de los tratantes (…), aunque ellas se logren escapar de las redes de ellos, no denuncian porque tienen miedo o las están chantajeando, las están coaccionando, o les dan dinero para que se mantengan calladas”, dijo Morazán.
El fiscal expresó que éste es un fenómeno común y hay casos donde el sospechoso es capturado en “flagrancia”, pero las víctimas muy pocas veces llegan a declarar a los juicios.
VÍCTIMA TEME DECLARAR
Una situación similar sucede con una joven de 19 años, oriunda de Tipitapa, quien en agosto pasado las autoridades del puesto fronterizo de El Guasaule impidieron que fuera sacada hacia México, supuestamente con fines de explotación sexual.
El fiscal Morazán dijo que la joven rehúsa declarar. El juicio está programado para febrero próximo en los tribunales de Chinandega. En ese caso la acusada es Helen Patricia Morales Sotelo, vecina de la joven.
El funcionario de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Freddy López, explicó que como parte del programa capacitan al personal de la Policía, Ejército y Dirección General de Migración y Extranjería para que puedan identificar un caso relacionado con trata de personas.
También el Ministerio Público junto a otras organizaciones como Unicef y la Organización Internacional de las Migraciones promueven esfuerzos similares.
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El caso más reciente, que la Fiscalía introdujo acusación en los tribunales de justicia, ocurrió el 12 y 13 de enero, en los mismos Juzgados de Chinandega, después que a inicios de enero dos jóvenes chinandeganas, una de ellas de 18 años, con el ofrecimiento de empleo bien remunerado, fueron llevadas a un night club bar conocido como “Tabú”, en la comunidad Palo Gordo, departamento de San Marcos, Guatemala, donde están siendo explotadas sexualmente.
En la acusación que presentó la Fiscalía, en el caso de la joven de 18 años, indica que Ericka Somarriba, vecina de ambas víctimas llegó varias ocasiones a su casa ofreciéndole trabajo en Guatemala “en calidad de mesera a un restaurante que ella la llevaría (… ) y que la víctima a cambio recibiría ‘un buen salario’ , insistiéndole (esto) en múltiples ocasiones”.
Según la acusación presentada ante el Juez Primero de Distrito Penal de Chinandega, por la fiscal auxiliar Karen Beteta, las dos víctimas fueron conducidas hacia ese night club “Tabú”.
El 7 de enero ambas jóvenes fueron informadas por Manuel de Jesús Martínez Mendoza de que todo estaba listo para emprender el viaje a Guatemala y que Somarriba las esperaría en la terminal de buses de El Guasaule, en Chinandega.
“Ya encontrándose la acusada Ericka Somarriba en el país de Guatemala, entregó a las víctimas… a los dueños del night club bar “Tabú” (de identidad desconocida)”, refiere la acusación, y agrega que las jóvenes todavía se encuentran allá trabajando en ese lugar.
ALTERNATIVA DE INGRESO
Morazán señaló que las familias, al momento del ofrecimiento de los tratantes, ven una posibilidad de ingreso “pero no identifican en el momento el perjuicio o la gravedad de los hechos. Creen que solo van a ir un rato y después regresar”.
“Pero cuando ya se cae en las redes de tratantes es difícil escapar de esas redes, la persona entra en un ciclo de violación de sus derechos humanos hasta perder su personalidad, perder su integridad física, perder su control emocional, es decir es una destrucción completa de la persona”, explicó Morazán.
El subcomisionado Freddy López, funcionario de la Dirección de Auxilio Judicial, explicó que aunque son pocos los casos que se registran en el país, esa institución únicamente recibió once denuncias por ese delito el año pasado.
JÓVENES Y MADRES SOLTERAS
“Tienen que ver con cuestiones culturales y los tratantes utilizan un sinnúmero de argucias, para engañar a las víctimas”, dijo López, quien mencionó que las víctimas en su mayoría son adolescentes, mujeres jóvenes y madres solteras en desamparo, lo que es aprovechado por los tratantes para reclutarlas. Lo normal es que les ofrezcan empleo en hoteles, con salarios de 200 dólares a la quincena, explicó el funcionario policial.
El fiscal Morazán dijo que en el país las redes de tratantes usan personas oriundas del lugar, muchas veces vecinas de las víctimas a quienes conocen y saben que están vulnerables, pues carecen de recursos económicos, están desempleados, enfrentan alguna adicción al alcohol, o provienen de familias desintegradas , entre otros.
Ante las víctimas los tratantes se les presentan como sus benefactores al ofrecerles un empleo en otro país, indicó Morazán.
Entre los casos conocidos por la Policía Nacional el año pasado, la mayor cantidad ocurrió en Chinandega. Pero es una problemática con mucha incidencia en lugares fronterizos.
Y la mayoría de las víctimas fueron trasladadas a El Salvador y Guatemala. Según dijo López, con fines de explotación sexual, y lograron que éstas fueran repatriadas. A éstas les brindan tratamiento para reintegrarlas a su familia y a la comunidad.
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