Managua/EFE
La Asamblea de Nicaragua aprobó hoy por unanimidad una resolución de rechazo al informe de la Convención Mundial Sobre Humedales o Convención Ramsar que detectó daños ambientales en un humedal costarricense, donde Costa Rica denunció una invasión de militares y civiles nicaragüenses.
La resolución fue aprobada por todas las fuerzas políticas con representación en la Asamblea, que también respaldaron la invitación que hiciera al Gobierno de Daniel Ortega a la Convención Ramsar para que inspeccione la zona en litigio entre Costa Rica y Nicaragua.
En la resolución, leída ante el pleno por la segunda secretaría de la Asamblea Nacional, la sandinista Alba Palacios, los diputados acordaron rechazar ese informe «por carecer de todo valor técnico-científico y de credibilidad ante la opinión pública nacional e internacional».
Además «por no ser un informe vinculante ni concluyente y porque no fueron al lugar», dijo a Acan-Efe el jefe del grupo parlamentario sandinista, Edwin Castro.
En un informe, con fecha del 3 de enero, la Convención Ramsar concluye que «de acuerdo con el análisis de la información técnica suministrada por el Gobierno de Costa Rica existen cambios en las características ecológicas en el Humedal Caribe Noreste», ubicado en Isla Calero (Caribe).
El texto agrega que «el sistema acuático en sus componentes de calidad del agua, flora y fauna acuática y las aves residentes y migratorias sería el más afectado».
También dice que «la laguna Los Portillos, ubicada en el sitio Ramsar Humedal, refugio de vida silvestre del río San Juan, en Nicaragua, sería la más afectada con la conexión hidráulica con el río San Juan».
Además, recomienda detener la deforestación, realizar «rigurosos estudios de impacto ambiental» antes de llevar a cabo cualquier proyecto relacionado con hidrología en el sitio y reforzar la cooperación entre ambos países para proteger los humedales de la zona.
El Gobierno de Nicaragua desconoció ese informe porque se basó únicamente en información teórica ofrecida por el Gobierno de Costa Rica, quien lo avaló y usó para sustentar su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
En la resolución de hoy, los diputados también reafirmaron apoyar las «reiteradas solicitudes» que ha hecho el Gobierno para que una misión de expertos sea enviada a la zona en litigio bilateral «en el menor plazo posible».
Además, propusieron al Ejecutivo solicitar a la Convención Ramsar «una evaluación transparente del manejo integral de la cuenca del río San Juan y sus zonas costeras, donde se identifique los verdaderos daños ambientales que ha ocasionado Costa Rica a lo largo y ancho de toda la zona limítrofe con el río San Juan y sus humedales».
Asimismo, instaron a los nicaragüenses a mantenerse «alerta y a continuar rechazando y denunciando cualquier acción que pretenda impulsarse desde el exterior en detrimento de la calidad ambiental, defensa y la soberanía del país».
Ambos países mantienen desde octubre pasado una agria disputa en la zona fronteriza.
Costa Rica ha acusado a Nicaragua ante la CIJ de violación a su soberanía territorial por mantener soldados en una zona que dice es territorio costarricense.
Hace unos días Nicaragua mantuvo ante la CIJ que sus tropas nunca han invadido el terreno costarricense y que el conflicto que le enfrenta a Costa Rica es de naturaleza fronteriza.
