PRENSA LIBRE/ACAN-EFE/GUATEMALA
Supuestos pandilleros juveniles lanzaron ayer a las 2:00 de la madrugada bombas incendiarias contra dos unidades del transporte público de pasajeros, en la periferia oeste de la capital guatemalteca, sin que se registraran víctimas, informó un organismo de socorro.
“Las dos unidades se encontraban estacionadas, a unos 50 metros de distancia cada una. No hubo heridos porque en el momento del ataque nada estaba adentro”, dijo a periodistas un portavoz de los Bomberos Municipales. Tampoco hubo testigos presenciales.
El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, informó ayer a los medios que los atacantes rociaron con gasolina las dos unidades de transporte, y luego les prendieron fuego. Menocal se basó en un informe entregado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés).
Según la PNC, el ataque pudo haber sido perpetrado por miembros de la temida Mara 18, en venganza con los empresarios y choferes de la línea de transporte afectada, que se niegan a pagar las extorsiones que les exigen.
El directivo de la Asociación de Transportistas de Rutas Cortas, Gamaliel Chin, expresó a medios locales que a pesar de los ataques los empresarios han tomado la decisión de no continuar pagando las extorsiones a los grupos criminales. “…Nos hemos comunicado con el Ministerio de Gobernación para tomar acciones en conjunto para evitar seguir bajo el juego de la presión de los extorsionadores”, señaló Chin.
Las unidades siniestradas pertenecen a la empresa Rutas Quetzal, la misma que el pasado 3 de enero sufrió otro ataque con bomba incendiaria, que se cobró la vida de nueve pasajeros y dejó heridos a diez más.
Por ese ataque guardan prisión una mujer de 19 años, la supuesta pandillera que habría colocado la bomba incendiaria en la unidad, así como tres líderes de la Mara 18 que desde la cárcel habría ordenado el atentado y la fabricación del artefacto.
También han sido capturados tres socios de la empresa afectada, entre ellos uno de sus ex directivos, a los que la Fiscalía acusa de tener vínculos con el grupo criminal.
Tras el ataque de ayer los choferes de esa línea de transporte decidieron paralizar sus labores ante el temor de nuevos atentados. Uno de los socios de la Rutas Quetzal dijo a un medio local que no entienden el móvil de los ataques de los pandilleros, ya que “no hemos dejado de pagar las extorsiones precisamente para que no nos ataquen ni maten”.
De acuerdo con los empresarios, el año pasado pagaron un promedio de 1.5 millones de dólares a los grupos criminales que les extorsionan. Según el Ministerio del Interior, el delito de extorsión les genera a los pandilleros ingresos anuales por unos 8.75 millones de dólares.
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