Por Ramón Villarreal Bello
CORRESPONSAL / RIVAS
En un largo proceso judicial que culminó a las siete de la noche de este miércoles, la juez de Distrito Penal de Juicio de Rivas, Iveth Toruño Blanco, prácticamente benefició a tres policías señalados de propiciar y facilitar la violación de un joven que se encontraba detenido en una celda de la Policía de Altagracia, en julio de 2010.
La juez Toruño benefició a los uniformados al cambiar la tipificación del delito hecha por el Ministerio Público que pasó de cómplices del delito de violación agravada y de omisión del deber de impedir delito por el delito de encubrimiento de violación y omisión del deber, lo que reduciría la pena de los acusados.
Los acusados son el suboficial Denis Francisco Domínguez Centeno, de 26 años; Ludvin Javier Cruz Cruz, de 24 y Jairo José Pérez Carrillo, de 20.
Según la fiscal departamental Isolda Ibarra, el Código Penal señala que la pena por el delito de cómplices de violación oscila entre los seis y los doce años de prisión, “puesto que el código indica que al cómplice se le aplica como pena máxima, la (pena) mínima del que cometió el delito, y la pena mínima del cómplice es la mitad de la mínima establecida para el autor del delito” precisó.
Al cambiar la tipificación, los policías podrían recibir penas de entre seis meses a tres años de prisión, por lo que la defensa solicitó de inmediato el beneficio de la mínima de seis meses o la suspensión de la pena, debido a que la condena de éstos no excedería los cinco años.
Al beneficio otorgado por la juez Toruño, se sumó la protección que en todo momento dio la Policía de Rivas a los tres policías acusados para que no fueran fotografiados.
A CIVILES LES CAE TODO EL PESO DE LA LEY
En tanto, la judicial encontró culpables a los cuatro civiles acusados, Adonis Barrios Ponce, de 30 años, alias Ñañen y señalado de violar al joven; Lesther Francisco Rosales Romero, de 24, Pata de Chicle; Omar Antonio Montiel Picado, de 36, Macuquina, y Danny Javier Rivera Rodríguez, de 19, alias Chonetón, estos tres últimos señalados como cooperadores necesarios.
En este caso, el Ministerio Público pidió la pena máxima para ambos delitos que es 15 años, mientras que los defensores pidieron la pena mínima.
