El presidente de la Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua (Afodenic), Francisco Montoya, reclama que el Gobierno “no demuestra un verdadero interés” en restablecer la estabilidad en el sector de las microfinanzas.
Montoya se basa en que aún no se resuelve el problema con el grupo de deudores del Movimiento de Productores y Comerciantes del Norte (conocidos como los No Pago) y ahora Afodenic se enfrenta a actos de violencia y tomas de propiedad, ejecutados por miembros de los pro gubernamentales Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
Afodenic introdujo la denuncia ante la Fiscalía departamental de Chontales el pasado 14 de enero, en contra de un grupo de personas que dicen “actuar con la autorización del Poder Ciudadano” para invadir y usurpar una vivienda en el reparto Bosques de Juigalpa, ubicado en el municipio del mismo nombre, el cual es propiedad de esa institución de microfinanzas.
La denuncia es por la usurpación de domicilio privado, daños en la propiedad, violación de domicilio, inductores y cooperadores necesarios en contra de Carmen Centeno, Ervin Martín Izabá, Edwin José Márquez, Juan Gabriel García, Ernesto Zabala Moreira, Natalia Elizabeth Duarte, Lucelia del Carmen García Centeno y Thelma Ramos Vílchez.
- La queja pública y denuncia ante la Fiscalía, presentada por la Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua (Afodenic) también es contra la actuación de la Policía de Juigalpa, señalada de asumir una posición a favor de los CPC.
Detalla que a pesar que la gerencia del reparto habitacional solicitó el auxilio de la Policía Nacional, los oficiales que llegaron se presentaron de manera agresiva y ofensiva, agrediendo verbalmente y físicamente a la gerente Ariadna Aráuz, la responsabilizaron de lo sucedido y se retiraron.
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Según explica el presidente de Afodenic, estas personas que se identifican como miembros de los CPC se apropiaron por la fuerza de la casa H-4 del reparto Bosques de Juigalpa, para que la ocupara Concepción Sandoval, quien no es dueña de la vivienda.
En el escrito de la denuncia se detalla que Sandoval debió ser sacada de la propiedad por primera vez el 10 de enero pasado, por haberla ocupado sin conocimiento ni autorización de la gerencia del reparto ni de Afodenic, institución propietaria de la urbanización.
TEMEN MÁS NO PAGO
El problema es más grave, según dijo, debido a que estas personas supuestamente pretenden conformar un grupo
que se ampare en los CPC, para no pagar los créditos que asumieron con la financiera para la compra de las viviendas en ese reparto.
Montoya asegura que cada uno de los denunciados enfrenta una demanda para rescindir el contrato por el inmueble, “porque tienen más de un año” de no pagar las cuotas del crédito que obtuvieron con Afodenic.
El proyecto habitacional de interés social Bosques de Juigalpa representa una inversión de seis millones de dólares, obtenidos por Afodenic con la Fundación Barceló.
Se construyeron 500 casas con un valor cada una de 11 mil dólares, para ser pagados en 14 años, con tasas de interés del cuatro por ciento anual.
Sostuvo Montoya que el grupo lo integran 15 personas que tienen retrasos en los pagos de entre 15 y 16 meses.
“Les hemos demandado para rescindir el contrato, porque es gente que no paga y son los que han organizado este grupo para crear esta crisis en el proyecto”, explicó.
FINANCIAMIENTO EN RIESGO
Montoya dijo que “la denuncia pública la hacemos porque este es un hecho que afecta el escenario económico, como es el del crédito, y mientras el Gobierno no ponga atención a estos grupos que actúan supuestamente amparados por las autoridades”, seguirá el clima negativo para atraer financiamiento para el sector.
Las instituciones de microfinanzas en Nicaragua enfrentan una reducción de recursos por no haber conseguido el retorno de unos 70 millones de dólares, de los fondeadores internacionales, debido a la desconfianza generada por el movimiento No Pago, la Ley de moratoria que derivó de éste y la falta de un marco jurídico que regule al sector de microfinanzas.
Para Montoya, “la crisis en las microfinancieras continuará” hasta que no se ponga fin al problema de los morosos, porque de lo contrario seguirán surgiendo nuevos grupos.
“Ahora tememos que nuevos grupos, al ver este ejemplo, pretendan tomarse propiedades; o las personas que asumieron los créditos, para adquirir las casas, dejen de pagar”, comentó.
Montoya espera que el Gobierno se interese más en propiciar la estabilidad de las operaciones de microfinanzas, “que nos permita trabajar”.
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