CORRESPONSAL/COSTA RICA
La empresa canadiense Industrias Infinito apeló el fallo adverso de un tribunal costarricense que eliminó el año pasado la concesión ambiental para extraer oro en Las Crucitas, pero lo que más molestó a los ecologistas es que el Estado costarricense, por medio de la Procuraduría, también presentara un recurso de casación en la Sala Primera para defender los intereses de la minería.
“Por debajo, en el lado oscuro, a veces se mueven fuerzas que ni siquiera uno se imagina. Lo que diga la Procuraduría es de mucho peso porque deja mucho qué desear de parte de ellos, dado que las inconsistencias eran, incluso, de desprotección de bienes públicos”, reaccionó uno de los abogados ambientalistas que participaron del juicio, Álvaro Sagot.
El Tribunal Contencioso Administrativo falló a finales del año pasado en contra del Estado y la empresa canadiense, eliminando la concesión de viabilidad ambiental que a criterio de los jueces, se otorgó con irregularidades.
DAÑOS AMBIENTALES
También el Tribunal eliminó el decreto ejecutivo que declaró de interés público la minería y ordenó a las partes condenadas al pago de daños ambientales por bosque talado en el proyecto, hace dos años.
El bosque se taló a raíz del decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional la mina, que se desarrollaría al Norte de Costa Rica, en una zona fronteriza con el río San Juan, que resultaría contaminado por la minería.
El decreto firmado por el entonces presidente Oscar Arias y el ministro de Ambiente, Roberto Dobles, a quienes la Fiscalía los investiga por prevaricato, porque supuestamente se saltaron procedimientos de ley.
La empresa agotó el tiempo establecido y el martes por la tarde presentó el recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, acompañada de otro recurso de la Procuraduría General de la República, que es la abogada del Estado.
En un comunicado, la empresa minera reiteró su “respeto” al Estado de Derecho y la institucionalidad del país”.
“El Proyecto Crucitas no será la causa para poner en juego la seguridad jurídica que ofrece el país tanto a la inversión nacional como extranjera”, según el gerente Juan Carlos Obando.
Destacó que “no será Infinito Gold Inc., ni su subsidiaria Industrias Infinito quienes provoquen un debate mediático con el único fin de trasladar presión a los magistrados de la Sala Primera”.
“Con la presentación de la casación, cerramos el proceso iniciado por el Tribunal Contencioso Administrativo. No habrá más declaraciones en este particular. Industrias Infinito se reincorpora a sus habituales actividades y cumpliendo con las responsabilidades propias de toda empresa”, subrayó el gerente.
DOBLE MORAL DEL GOBIERNO
El abogado ambientalista Edgardo Araya una vez más dijo que defenderán la sentencia favorable que suspendió la concesión minera.
“No es posible que se entregue nuestra biodiversidad, que se entreguen caminos a cambio de qué?”, cuestionó por su parte Sagot.
El abogado cuestionó al Estado costarricense por su doble moral, ya que por un lado denuncia un “daño ambiental” en Harbour Head, de Nicaragua, por las labores de dragado del río San Juan, mientras que por otro respalda a la minería Las Crucitas.
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