La secretaría de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores de Servicio Público en las próximas horas introducirá ante la Contraloría General de la República (CGR) una denuncia en contra del titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Walter Porras, a fin de que ese cuerpo colegiado ordene una auditoría en materia de recursos humanos a su gestión.
Tras un análisis y evaluación jurídica realizada por esa federación, sobre la ola de despidos ejecutada por la administración de Porras, esa federación determinó que esos despidos no tuvieron ningún fundamento legal.
Por lo tanto, el secretario de Asuntos Laborales de esa federación, Álvaro Leiva Sánchez, estimó que Porras debe responder por su actuar en materia de derechos laborales y constitucionales en contra de los trabajadores despedidos, a quienes adicionalmente no ha pagado sus prestaciones sociales.
Según esa federación, un poco más de 600 servidores públicos han sido despedidos en la DGI, sin que a la fecha ordene cancelar sus prestaciones correspondientes.
“Él (Porras), como funcionario público, está obligado a cumplir no solo con la Constitución Política, sino que está obligado a responder por todos los recursos que están bajo su tutela”, indicó Leiva Sánchez. Explicó que es por eso que solicitarán la auditoría, para que Porras responda del inventario de recursos humanos en aspecto laboral, que es procedente en materia de revisión en las auditorías públicas que esa institución colegiada realiza.
Porras se ha negado a acatar resoluciones del Poder Judicial emitidas a favor de los afectados. Incluso de acuerdos conciliatorios firmados ante autoridades del Ministerio Público, tal es el caso del ex servidor público José Tomás Gómez Leiva, a quien quedó de pagar sus prestaciones en tres cuotas y solo pagó una, por lo que fue denunciado por el delito de estafa.
En este caso esa secretaría solicitará al Ministerio Público un informe, para ver qué está pasando con esta nueva denuncia. De lo contrario procedería a introducir ante los tribunales una acusación por la vía autónoma.
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