Un informe de la secretaría de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) indica que durante la gestión del gobierno de Daniel Ortega han sido despedidos 21 mil 33 servidores públicos, así como 116 organizaciones sindicales han sido descabezadas.
Los motivos de los despidos según el informe han sido represalias y discriminación.
La característica de los despidos, según Álvaro Leiva, funcionario de la CPDH, es de que en la mayoría de los casos los responsables de las instituciones del Estado no pagan las prestaciones laborales a los servidores públicos afectados. Esto ha llevado a que el Estado de Nicaragua adeude a los afectados más de 673 millones de córdobas.
“La gestión de gobierno del presidente Ortega es una gestión que sale con cero por ciento de evaluación”, aseguró Leiva Sánchez, quien presentó el informe ayer.
Dijo que esto demuestra que “los trabajadores de Nicaragua están en total indefensión”.
Además, dijo Leiva, el informe evidencia que el gobierno de Ortega viola un derecho constitucional básico, como es el derecho al trabajo protegido por la Declaración Universal de los derechos humanos.
“No es posible que en Nicaragua se siga violentando sentencias judiciales y resoluciones, la cual el Estado de Nicaragua de forma irresponsable no cumple desacatando el artículo 167, que manda que las resoluciones y sentencias son de ineludible cumplimiento”, señaló Leiva.
Una de las instituciones donde más despidos se registran es el Ministerio de Educación (Mined), con 2,772 trabajadores entre docentes y del servicio administrativo. En esa institución han sido descabezadas 60 organizaciones sindicales.
Refirió Leiva que en la totalidad de los casos no se cumplió con los mandatos que establece la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Igual situación pasan los empleados de las alcaldías municipales a cargo del partido de gobierno, el FSLN, donde los servidores también están protegidos por la ley.
“Hay una incidencia de despido y una persecución para los servidores que no son de la línea política del gobierno municipal”, dijo Leiva.
“Como que hay una orientación de Estado de no garantizar la estabilidad laboral, solo por el simple hecho de no ser de la línea política del partido de gobierno, tanto en los gobiernos municipales como en el Poder Ejecutivo de los ministerios”, aseguró Leiva.
La CPDH remitirá el informe a la Confederación Sindical de las Américas, para que a su vez lo remita a la Confederación Sindical Internacional, a la que solicitarán envíe un exhorto al presidente Ortega para que cese la inestabilidad laboral, represalia y discriminación existente en el país.
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