Desde la llegada del presidente Daniel Ortega al poder, en enero del 2007, el Estado nicaragüense ha adquirido una deuda superior a los 600 millones de córdobas con más de 19 mil ex trabajadores de instituciones públicas, quienes fueron despedidos sin recibir su indemnización ni prestaciones de ley.
Aunque la deuda sea con esos 19 mil servidores públicos despedidos de al menos 55 instituciones estatales y alcaldías del país, un informe de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), afiliada a la Confederación de Unificación Sindical (CUS), calcula que la cantidad de trabajadores despedidos es mayor.
“La cantidad de despedidos en los tres años, 13 meses y 11 días (hasta el 23 de diciembre del 2010) que el presidente Daniel Ortega tiene de estar en el poder es de 21 mil 33 servidores públicos, y ésta es una cifra que se ha recopilado por el trabajo conjunto de más de 50 organizaciones de trabajadores a nivel nacional afiliadas a la Fedetrasep. Esos despedidos hay que multiplicarlos por cuatro o cinco miembros de la familia, que también resultaron afectados de manera indirecta y peor aun en el caso de los 19 mil despedidos que no han recibido sus prestaciones sociales y que llevan años esperándolas”, dijo Álvaro Leiva Sánchez, secretario de asuntos laborales de la Fedetrasep y secretario de la oficina de asuntos laborales de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).
El Movimiento Autónomo de Mujeres también tiene sus conteos.
“Hemos tenido contacto con grupos de trabajadores de entidades como el Marena (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales) que llevan años peleando por su indemnización, son más de cien los afectados y algunos, incluso, ya murieron sin haber recibido sus prestaciones”, dijo Violeta Delgado, representante del movimiento feminista, quien además denunció la ejecución actual de despidos en el Ministerio de la Familia.
“Y se están dando despidos masivos para luego contratar a simpatizantes sandinistas que sirvan de fuerza en estas elecciones presidenciales (2011) y no necesariamente por su calidad laboral. Es grave que se utilice el derecho al trabajo como un premio o castigo por participar en actividades partidarias”, criticó.
Además de la estabilidad laboral, el Gobierno también concluye el 2010 con saldo rojo en materia sindical. Según el conteo de los mismos sindicalistas, ya son 116 los sindicatos descabezados dentro de las instituciones de Gobierno. “Son sindicatos eliminados porque no comparten la ideología de este gobierno sandinista”, dijo Leiva.
El rosario de violaciones en contra de la clase trabajadora continúa. “Hay abuso de autoridad reflejado en represalias, discriminación, despidos ilegales, suspensiones de trabajadores de forma ilegal, contrataciones ilegales con megasalarios, creación de plazas nuevas ilegales, promociones a cargos superiores de forma ilegal, traslados de trabajadores de una área a otra de forma arbitraria y desacato a las resoluciones administrativas y judiciales”, dice un comunicado de la federación de trabajadores.
En las estadísticas de la Federación el Ministerio de Educación (Mined) ha sido el que más despedidos tiene en su planilla y el que más debe por pago de indemnizaciones y prestaciones sociales. Ya van dos mil 762 censateados, a quienes se les debe más de 80 millones de córdobas.
Sobre esta institución de la educación, el especialista en políticas públicas, Mario Quintana, asegura que debe haber una “revisión”.
“Los cambios permanentes de gobierno y de ministros generan gran inestabilidad laboral y originan grandes problemas en el sistema educativo a nivel nacional. El tema de los movimientos de personal es algo que requiere de urgente revisión”, dijo Quintana.
Al de Educación le sigue el Ministerio de Salud (Minsa), con mil 836 despedidos. La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) lleva en su cuenta mil 182 despedidos.
La Dirección General de Ingresos (DGI) tampoco se salva de ser señalada como violadora de derechos laborales. Desde enero del 2007 hasta el 23 de diciembre de este año ha despedido a 794 empleados públicos y ha eliminado seis sindicatos.
Ni siquiera las alcaldías del país se han contenido en usar “la escoba”, porque ya registran tres mil 816 despedidos a nivel nacional.
En la gran mayoría de los casos, según indicó Leiva Sánchez, no se han respetado los derechos de los trabajadores. Por el contrario, los diez artículos de la Constitución Política que garantizan la estabilidad y el derecho al trabajo, así como el Código del Trabajo, la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, así como la de Carrera Docente y la de Carrera Administrativa Municipal, entre otras, “han sido violadas”, categorizó Leiva.
El Ministerio del Trabajo (Mitrab) también tiene “cola” en la larga lista de violaciones laborales, porque ha despedido a 91 trabajadores y hasta “descabezó” a un sindicato.
“El Mitrab no ha cumplido con su papel”, dijo Leiva.
A nivel nacional existen unos 97 mil trabajadores públicos.
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