El político más poderoso de Nicaragua, el Presidente Daniel Ortega, arrodilló al Estado en 2010, pero su estrategia reeleccionista colapsó en el parlamento, donde no logró los 56 votos para aprobar reformas a la Constitución. El mandatario se quedó sin oxígeno cuando alcanzó el respaldo de 54 legisladores, dos menos de lo necesario.
Ortega sí construyó a su favor una muralla de 47 votos en el parlamento y blindó su influencia en los poderes Judicial y Electoral, imponiendo un Estado de facto con el decreto 3-2010.
A fin de cuentas, la anunciada candidatura presidencial de Ortega descansa en una ilegal “sentencia” reeleccionista de magistrados judiciales sandinistas.
En el plano financiero, el mandatario siguió con las manos llenas gracias a los fondos petroleros de Venezuela. Su Gobierno obtuvo préstamos de los organismos financieros internacionales.
Ortega cerró el 2010 más cercano que nunca al Ejército de Nicaragua, tras la aprobación de un paquete de leyes militares, aprovechando un conflicto con Costa Rica.
En cuatro años, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha mantenido intacta su bancada de 38 diputados y sumó a por lo menos otros 12 legisladores, para llegar a 50. El diputado liberal José Pallais sostuvo que Ortega tuvo hasta 54 votos bailando en sus manos.
PLC EVITÓ SUICIDIÓ POLÍTICO, PERO TUVO DOBLE ACCIONAR
¿Qué frenó las reformas constitucionales en el parlamento?
La diputada del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, Mónica Baltodano, afirmó que los votos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que dirige un viejo socio de Ortega, el ex mandatario Arnoldo Alemán, optaron por no suicidarse políticamente en el parlamento, dejando a Ortega sin las reformas a la Carta Magna.
La acción del PLC, sin embargo, habría sido distinta en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde un grupo de magistrados sandinistas retorció la Constitución al emitir una sentencia reeleccionista sin una oposición real de los jueces liberales.
Además, varios “simpatizantes” del PLC se acogieron al decreto presidencial 3-2010 y a la resurrección de la Constitución de 1987.
“El fraude (municipal) del 2008 enardeció a los liderazgos municipales del PLC. La bancada del PLC interpretó correctamente que debía de dar una imagen de rechazo a ese fraude, y una de los medios fue negarse a conceder la reforma constitucional que legalice la reelección de Ortega. Acceder a las reformas era el aniquilamiento del ya debilitado PLC, era cruzar el límite de lo que le podían permitir sus seguidores. Eso obligó al Presidente Ortega a recurrir a un espurio y cuestionable fallo de la Corte”, analizó Baltodano.
Desde el FSLN nunca admitieron las causas del fracaso en el Poder Legislativo y siempre defendieron la “sentencia” reeleccionista que declaró “inaplicable” dos literales del artículo 147 de la Constitución.
El coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, negó el 14 de diciembre que el oficialismo hubiese impulsado las reformas constitucionales, aduciendo que “eso fue cuestión periodística y especulación periodística, nosotros como FSLN nunca hemos hablado de reformas constitucionales”.
Pero el secretario ejecutivo de la bancada del FSLN, José Figueroa, sí admitió la falta de votos, aunque no detalló las causas del fracaso.
“En la Asamblea Nacional, que es un foro de negociación política, aprobamos 35 leyes de consenso, más de 90 decretos legislativos, 230 millones de dólares en diez préstamos y hubo consenso de mayoría absoluta con 47 diputados para aprobar leyes. Para una reforma constitucional, que se requieren 56, no hubo los votos necesarios”, indicó Figueroa.
En los corrillos legislativos se especuló que el FSLN tuvo bajo su control los votos de la Alianza Liberal Nicaragüense y Bancada por la Unidad Nicaragüense, así como el de otros diputados “independientes”, hasta llegar a los 54 diputados dispuestos a reformar la Constitución. Oficialmente, las versiones siempre han sido negadas.
Pese al fracaso legal en el parlamento, Ortega dijo desde el pasado 19 de julio que estaba listo para la batalla electoral de 2011.
“Nos vamos a ver las caras el próximo año en la gran batalla electoral, ahí nos vamos a ver las caras, y es el pueblo, es el pueblo el que tendrá que tomar la decisión, son ustedes”, señaló al celebrar los 31 años de la caída de Somoza.
Por ahora, ni en la CSJ ni en el Consejo Supremo Electoral (CSE) pareciera haber magistrados dispuestos a oponerse a la candidatura presidencial de Ortega, prohibida por el artículo 147 de la Constitución, que dice que el mandatario no puede aspirar al mismo asiento en períodos consecutivos ni en más de dos ocasiones en su vida.
Ortega enfrenta ese doble candado, pues quiere un nuevo mandato consecutivo y está ejerciendo su segundo período como Presidente, el primero fue de 1985 a 1990.
“El andamiaje del Estado de Derecho en Nicaragua está abatido desde hace rato, a pesar de que muchos sectores se quieran hacer de la vista gorda, como aquél que sabiéndose enfermo se resiste al diagnóstico, esperando que el mal se disipe por su propia cuenta. Ante esa pasividad, el oficialismo sabe que le es posible impulsar su proyecto continuista al margen de la Constitución y a un costo relativamente bajo. De allí que Ortega será candidato, aunque la Constitución se lo prohíba. Pero esa misma Constitución que el Presidente ha pisoteado, todavía no está muerta y si hay agallas y voluntad política, todavía se podría rescatar la institucionalidad democrática por la vía cívica”, consideró el analista Félix Maradiaga.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais (PLC), manifestó que Ortega, con su interés por reelegirse, ha abierto una nueva etapa de confrontación en Nicaragua.
“Sin duda será en punto culminante de una estrategia alterna cargada de ilegalidades, arbitrariedades y desprecio a la Constitución, pero Ortega está ya arropado por el manto de la ilegitimidad, sus problemas, el desconocimiento y el repudio nacional e internacional son cada vez más ostensibles. Desgraciadamente, la nueva etapa de dictadura que está abriendo somete al país a un nuevo ciclo de confrontación, con dramáticas consecuencias para el país y para el propio Ortega”, afirmó Pallais.
Para la diputada Baltodano, una guerrillera del FSLN en los años 70, cuando derrocaron la distanía de los Somoza, y que estuvo con Ortega en el gobierno de los años 80, el oficialismo manipula un fuego peligroso.
“Si él (Ortega) se postula y el Consejo Supremo Electoral lo inscribe como tal, será una candidatura ilegal, ilegítima, y será simplemente pisotear, violar la Constitución, dejarla como papel mojado (…) ninguna fuerza política realmente seria debería permitir un proceso electoral con semejante atropello. Quienes participaren en tal proceso estarían legitimándolo. Pero a la vez, un proceso lleno de ilegalidades e ilegitimidades debilitará estratégicamente el proyecto de Ortega, aunque pueda parecer contradictorio”, expresó Baltodano.
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