La Corte Suprema de Justicia (CSJ) oficializó el anuncio de que investigará las 10 órdenes de libertad, que emitió este mes de diciembre la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Sur (Granada) a favor de igual número de condenados por tráfico de drogas.
La magistrada Alba Luz Ramos dijo que “en todos los idiomas” les han hablado a los jueces que deben evitar favorecer a los procesados por narcotráfico con tecnicismos legales, cuando la prueba es tan abundante como evidente, pero no hacen caso.
“Ante la gravedad de los hechos (narcoliberaciones), la Corte Suprema de Justicia ha decidido iniciar de inmediato un proceso investigativo”, informó Roberto Larios, vocero del Poder Judicial.
El caso se analizaría en la primera Corte Plena del año 2011. La investigación revisaría los procedimientos y análisis jurídicos que realizaron los magistrados liberales de apelaciones de Granada, Julia Selva y Alejandro Estrada, así como la sandinista Ligia Rivas, para emitir las sentencias 39-2010 y 40-2010.
En esas resoluciones se ordena liberar a 10 condenados por narcotráfico, rebajar la pena a cinco años de cárcel a otro que está condenado a 17 años de prisión, anular el juicio contra un cabecilla narco y también se ordena devolver bienes incautados.
El Arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, lamentó que en Nicaragua los narcos sigan siendo favorecidos por los jueces.
“Hago un llamado a todos aquéllos que de una u otra forma favorecen y apoyan esto (narcotráfico), que pongan la mano en su corazón para que esto (narcoliberaciones) no se repita, que esto (narcotráfico) pueda desaparecer de todo nuestro suelo patrio”, expresó el sacerdote.
Los magistrados de la CSJ prometieron a la ciudadanía nicaragüense que dependiendo de los resultados de la investigación que se realice, se comprometen a sancionar conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Carrera Judicial a cualquier funcionario o funcionaria del Poder Judicial que resulte responsable de la más mínima irregularidad en las emisiones de las órdenes de libertad.
De encontrar méritos para una posible destitución de alguno de los magistrados de apelaciones, se necesitarían 12 votos al menos en la Corte Suprema para hacer efectiva la misma, y ninguno de los dos bandos, liberales y sandinistas, cuentan con esa cantidad, por lo que se tendrían que poner de acuerdo para la destitución.
Monseñor Brenes señaló que el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad ante la sociedad nicaragüense, de brindarle seguridad.
“Lamentablemente, a veces encontramos en muchos de nuestros jueces, porque no podemos decir todos, que en algunos momentos no cumplen a cabalidad. Ojalá, pues, que la Corte Suprema de Justicia pueda llamar al orden y que la ciudadanía nicaragüense pueda tener seguridad”, manifestó monseñor Brenes.
El ex magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Alfonso Dávila Barboza, opinó que la actuación del Tribunal de Apelaciones de Granada, al ordenar las liberaciones de 10 narcos, confirma la información revelada por WikiLeaks, de que en Nicaragua se venden las liberaciones a narcotraficantes.
“Es una cosa grave que pasa en nuestro país, que hace daño a nuestro sistema judicial”, señaló Dávila Barboza.
Las narcoliberaciones acarrean más desconfianza de la población en el Poder Judicial, agregó Dávila Barboza, quien resaltó el hecho de que la juez Ivette Toruño mantenga su posición de que había pruebas en contra de los narcos liberados.
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