BUENOS AIRES/AP
El ex dictador Jorge Videla defendió, ayer ante el tribunal que lo juzga, la represión ejercida por los militares en la última dictadura y denunció que los “enemigos de ayer” gobiernan en la actualidad en Argentina.
Videla, de 85 años, dio un largo alegato ante los jueces que hoy dictarán sentencia en el juicio por su presunta responsabilidad en el homicidio en 1976 de 31 presos políticos en la ciudad de Córdoba, unos 700 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Éste es el primer proceso al que se enfrenta Videla desde que la Corte Suprema declaró inconstitucional en 2007 el indulto que le permitió eludir la condena a cadena perpetua que recibió en el histórico juicio a los comandantes militares en 1985.
“Argentina hubo de afrontar de hecho y de derecho un conflicto bélico interno, irregular en su forma, de carácter revolucionario, con profunda raíz ideológica, alentado desde el exterior”, dijo el ex dictador en alusión a los grupos guerrilleros subversivos que actuaron en la década del setenta.
El considerado arquitecto del sistema represivo agregó que “los enemigos derrotados ayer cumplieron con su propósito: hoy gobiernan nuestro país y pretenden erigirse en paladines de los derechos humanos”.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández y el de su marido y antecesor Néstor Kirchner impulsaron la reanudación de los juicios contra los militares y policías implicados en violaciones a los derechos humanos durante el régimen de facto de 1976 a 1983, en el que según grupos de derechos humanos desaparecieron unas 30,000 personas. Los registros oficiales, sin embargo, sólo dan cuenta de 13,000 desapariciones.
Videla recordó que fue el gobierno constitucional de María Estela Martínez, viuda de Juan Perón, el que en 1975 ordenó por decreto “aniquilar” a los grupos subversivos como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Videla se consideró un preso político y desconoció la autoridad de los jueces, pero anunció que asumirá “bajo protesta la injusta condena” que se le imponga. Videla está acusado de torturas seguidas de muerte, homicidio calificado y encubrimiento. Los fiscales han pedido la prisión perpetua.
Los presos políticos asesinados habían sido detenidos antes del golpe militar y se encontraban alojados en una cárcel a disposición de un juez. Pese a estar bajo proceso fueron ejecutados entre abril y noviembre de 1976, explicaron familiares.
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