Por Ludwin Loásiga, Gloria Picón y Eduardo Cruz
La tercia tiene ganador. El presidente Daniel Ortega y el Ejército de Nicaragua lograron que ayer quedaran “consensuadas” las mociones de las sensibles leyes de Defensa, Seguridad Democrática y Régimen Jurídico de Fronteras, las cuales se discutirán el lunes en el parlamento.
Las bancadas Democrática Nicaragüense (BDN) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS) dijeron que las iniciativas convierten al Ejército de Nicaragua en “el quinto poder del Estado”, a menos de un año de las elecciones presidenciales.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Bancada por la Unidad Nicaragüense (BUN) estuvieron a la cabeza de las mociones de consenso.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se unió ayer a una comisión de jefes de bancada y militares, para acordar los cambios a la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, y logró ganar voz y voto al integrarse a la Comisión Nicaragüense de Territorio Fronterizo.
El diputado José Pallais (PLC) sostuvo que “el FSLN ha cedido, son leyes muy diferentes, leyes que nos satisfacen y por eso hemos decidido apoyarlas”.
El coordinador de bancada del FSLN, Edwin Castro, defendió las mociones consensuadas y recordó que “han estado acompañándonos los asesores y algunos diputados de BDN y se han incorporado toditas las mociones que ellos nos han planteado, en estos textos de ley está el trabajo de la BDN y se lo agradecemos”.
BDN Y MRS VEN MANU MILITARI
Sin embargo, representantes de BDN y MRS reiteraron ayer, en conferencia de prensa, que las tres iniciativas requieren de mayor consulta y enfatizaron que las mociones acordadas tan sólo han “disfrazado” el aparato de inteligencia que se le otorgará al presidente Ortega en un año electoral.
“Leyendo con detenimiento estas leyes, entendemos que lo que quiso hacer el orteguismo con la complacencia del PLC fue crear un quinto poder en este país, que recaería en manos del Ejército”, dijo el diputado Carlos Langrand.
Pese a que la Ley de Defensa Nacional establece que no habrá reclutamiento forzoso y que se desplegará un sistema de defensa militar únicamente ante invasiones extranjeras, los diputados de BDN y MRS acusaron al presidente Ortega de irrespetar las leyes.
Además, mantuvieron firme su temor de que el mandatario legisle por extensión al reglamentar las tres leyes.
“¿Desde cuándo Ortega le hace caso a la ley? Si le dejamos a Ortega la potestad para reglamentar, estamos dejándole a Ortega la potestad de poner patas arriba y cambiar totalmente estas leyes y eso es inaceptable, porque por esa vía podría colar cualquier tipo de reclutamiento forzoso, cualquier tipo de abuso y cualquier tipo de exceso”, advirtió Víctor Hugo Tinoco.
“Hay un objetivo perverso de involucrar y hacer cómplice al Ejército en futuras situaciones de represión y futuras situaciones de pretender sostener por la fuerza al gobierno de Ortega ante una derrota electoral, porque de la forma en que está quedando Ortega va a tener mayor capacidad de manipulación y de presión sobre el Ejército, para ponerlo en función de represión en caso de situaciones conflictivas, cuando se pueda dar una situación de fraude electoral, y eso es delicado”, agregó Tinoco.
En tanto, el general en retiro y diputado suplente por el MRS, Hugo Torres, expresó que “si sobredimensionamos el rol de instituciones como el Ejército, con riesgo de que si se aprueban las leyes tal y como están formuladas y maquilladas, las instituciones civiles podrían subordinarse al estamento militar y no al revés, como debería ser. Eso significaría un retroceso enorme en la búsqueda de la subordinación del estamento militar al poder civil”.
El diputado Pallais argumentó ayer que las mociones de consenso dejan a los militares subordinados a la autoridad civil.
PARTE DEL PLAN DE MILITARIZACIÓN
En un foro sobre la Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Democrática y Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el analista Félix Maradiaga advirtió que en Nicaragua podría ocurrir un rompimiento del Estado democrático.
“Estas leyes parecen ser un retorno a una filosofía del Estado donde se quiere militarizar la administración pública”, indicó Maradiaga, quien agregó que la aparición de las tres leyes no es algo improvisado, sino un plan que se montó desde que el FSLN llegó al gobierno, cuando derogó el inciso a) del artículo 20 de la Ley 290, que le daba al Ministerio de Defensa las funciones de coordinar los planes de defensa nacional, y cuando también se desmontó la Comisión Nacional para la Defensa.
Maradiaga señaló que la mejor manera de tener un ejército es regulándolo.
“Lo que se logró hacer de 1990 al 2006 fue un modesto diseño de la institucionalidad democrática basada en las siguientes premisas: los militares no son tomadores de decisiones políticas en Nicaragua, son ejecutores de las políticas de defensa; los militares no son supraciudadanos, son ciudadanos con uniformes con las mismas responsabilidades, obligaciones y derechos que cualquier ciudadano; el Presidente de la República, si bien es jefe supremo de las fuerzas armadas, no tiene un ejército a su servicio personal, sino una fuerza armada en función del servicio de los ciudadanos”, señaló Maradiaga.
Por su parte, Freddy Blandón, asesor jurídico del Cosep, dijo que les preocupa que algunos principios constitucionales estén siendo vaciados.
“Nos preocupa lo que tiene que ver con el derecho de la propiedad privada, el libre ejercicio de las actividades económicas, la enajenación de bienes y el hecho de que se establezcan diferencias entre nicaragüenses y nacionalizados, porque aquí todos somos iguales ante la Ley”.
LES RECUERDA LA NAVIDAD ROJA
Por otro lado, representantes de los pueblos indígenas y de origen afro de la Costa Caribe denunciaron que las tres leyes que el presidente Ortega impulsó en materia de defensa y seguridad les recuerdan la “Navidad Roja” que sufrieron en diciembre de 1981, porque consideran que en nombre de la soberanía nacional otra vez los quieren despojar de sus tierras.
Sin embargo, las mociones “consensuadas” ayer dejaron establecido que respetará los derechos de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y afrodescendientes.
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