Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), si bien es viable la opción que el Gobierno de Nicaragua dé en concesión la construcción y operación de un puerto en Monkey Point en el Caribe, cree conveniente que se otorgue mediante una licitación pública de la obra.
Gabriel Di Bella, representante del FMI en Nicaragua, dijo a LA PRENSA, que una licitación pública aseguraría que se presenten varios oferentes interesados en invertir en la obra.
“Creemos que la mejor forma de asegurar las mejores condiciones para el Gobierno es que tenga un abanico de opciones para elegir y que elija la más beneficiosa”, afirmó.
Di Bella sostuvo que el interés del organismo en cuanto a cómo se financiará el puerto Monkey Point, es que haya apego al procedimiento de garantía del sostenimiento de la deuda externa de Nicaragua.
Misma posición comparte el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales Bolaños, quien explicó que esa entidad será quien al final dé el visto bueno sobre la opción más viable para la construcción de este puerto.
PRÉSTAMO NO ES SOSTENIBLE
El Fondo Monetario no acepta la propuesta de que el Gobierno nicaragüense adquiera una deuda millonaria mediante un préstamo con inversionistas extranjeros, como originalmente estaba propuesto, porque no se ajusta las condiciones del programa macroeconómico.
Eliseo Núñez Hernández, presidente de esta Comisión, informó ayer que el Gobierno ya envió un proyecto de ley, que contempla la creación de la Ley General de Puertos y la Ley Orgánica de la Portuaria, en la cual se da las facultades a la EPN, para poder realizar estas negociaciones en base a un marco jurídico.
Núñez explicó que este proceso deberá consultarse porque no se sabe si se creará un organismo regulador de los puertos y otro que sea el operador.
“Por el momento estamos enteros en ese tema y sólo la Asamblea tiene la potestad de aprobar mediante una ley la ejecución de cualquier proyecto referido a la construcción de puertos en el país”, dijo.
Mientras, Freddy Torres, diputado liberal y miembro de la Comisión, expresó que suelen ser más factibles que la ejecución de proyectos como la construcción de un puerto, si se le abre las puertas a empresarios privados, que son más eficientes en su forma de administrar que el propio Estado.
Para Torres no habría ningún problema en que cualquier empresa privada desarrolle la construcción de un puerto en el país, siempre y cuando se garantice mediante ley regulaciones para que la obra se desarrolle con transparencia.
“No veo ningún problema en que se tenga que conformar una ley que dé los espacios jurídicos para que proyectos de este tipo puedan ejecutarse. Además, asegurar que esta infraestructura construida para poder exportar nuestros productos y recibirlos, pase en un tiempo prudente a ser parte de los bienes del Estado de Nicaragua”, añadió.
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“De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios, el financiamiento que se estaba pensando obtener para construir el puerto es un financiamiento a muy corto plazo y a tasas relativamente altas. Eso significa que es un financiamiento comercial”, explicó Di Bella.
La intención de construir este puerto se recoge en el Memorándum de Entendimiento firmado el 5 de julio pasado por el presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), con las dos empresas coreanas Dongmyeong Engineering Consultants Architecture Co. (DMEC) y la Ox Investment Finance (Ox Investment).
Nicaragua asumiría una deuda de 500 millones, a ser cancelada en siete años y empezaría a pagarse una vez concluida la construcción. Los abonos serían trimestrales, con un interés del 12 por ciento anual.
Si bien el representante del FMI reconoció importante mejorar la infraestructura portuaria del país, pues con ello se beneficiaría al sector exportador, insistió en que debe analizarse la forma más conveniente de financiarlo.
“Dentro del programa (con el FMI) lo que hay para preservar la sostenibilidad de la deuda es que el financiamiento que tiene que existir es concesional”, afirmó.
Di Bella ha sostenido reuniones con el presidente de la EPN, Virgilio Silva, donde conoció el detalle del proyecto, la demanda de los empresarios de un puerto en el Caribe, y las alternativas para construirlo.
Pero Di Bella dejó claro que el endeudamiento en las condiciones previstas no sería aceptado por el FMI, porque no está en línea con los parámetros de endeudamiento externo.
“Cuando uno hace una concesión de obra pública son contratos muy complejos, pero también puede implicar responsabilidad para el Gobierno. Si ésa es la venia que se va a hacer hay que analizarlo con mucho cuidado, cuáles son las condiciones y las responsabilidades que asume el Gobierno”, planteó.
BCN DARÁ LA ÚLTIMA PALABRA
Por su parte el presidente del BCN aseguró que al estar de por medio el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento suscrito entre el FMI y Nicaragua, esa entidad someterá a la evaluación técnica la propuesta que haga la Portuaria.
“Por compromisos que tiene Nicaragua cualquier crédito debe ser otorgado en condiciones de concesionalidad. Y en el Memorándum de Entendimiento se establece que el grado de concesionalidad no puede ser menor del 35 por ciento”, explicó Antenor Rosales.
Señaló que Nicaragua debe mantenerse en los términos de ser un país que pertenece a la Iniciativa de Países Altamente Endeudados (HIPIC), que no le concede adquirir deudas fuera de la concesionalidad menores del 35 por ciento.
Igualmente Rosales considera que la licitación pública debe darse en este caso, “tal como lo establece el ordenamiento jurídico”.
BID EN LA MISMA LÍNEA
Mientras, la representante en Nicaragua del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mirna Liévano, dijo que si bien se trata de un proyecto donde el BID no está vinculado, se espera que se ajuste a las líneas con el FMI.
“Quiero decirles que todos los préstamos para Nicaragua tienen la aprobación del FMI para ver que esté de acuerdo a la capacidad y los parámetros de un país que ha recibido la condonación de la deuda”, dijo Liévano.
(Con la colaboración de Octavio Enríquez)
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