CORRESPONSAL/COSTA RICA
El Ministerio de Seguridad de Costa Rica empezó a crear una policía especializada de frontera “con mejor equipo y armamento” y restringirá el tránsito nocturno de lanchas en ríos ticos con conexión con el río San Juan de Nicaragua, todo ello a raíz de los reclamos del Gobierno de San José por el dragado del San Juan.
José María Tijerino, Ministro de Seguridad de Costa Rica, declaró que “la idea es crear una verdadera policía de frontera con mayor personal, mejor equipo y armamento; un grupo de personal especializado que haga pensar dos veces a cualquier persona que quisiera tomar el control de dichos ríos”.
“Desde que el presidente nicaragüense Daniel Ortega anunció sus intenciones de navegar el río Colorado, hemos intensificado las acciones de patrullaje y reforzado la seguridad en la zona. Esta nueva decisión forma parte de las acciones que estamos emprendiendo en defensa de nuestro territorio”, aseguró Tijerino.
Ortega manifestó recientemente que, mientras se realizan las labores de dragado en el San Juan, pedirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se le permita a los nicaragüenses navegar el río Colorado, cuyo cauce se alimenta con el 90 por ciento de las aguas del San Juan.
La semana pasada la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ordenó a Tijerino reforzar la vigilancia policial en la frontera con Nicaragua, crear la policía de fronteras y llamó a los costarricenses a integrar la reserva de la Fuerza Pública, cuyo presupuesto anual asciende a 240 millones de dólares, es decir cinco veces más de lo que gasta Nicaragua en sus fuerzas militares.
La policía fronteriza se había desarticulado hace más de diez años, pero Chinchilla la activó con un perfil más especializado, a raíz del conflicto con Nicaragua.
Tijerino y el viceministro de Seguridad, Walter Navarro, indicaron que realizan estudios para restringir el tránsito de embarcaciones entre las 6:00 de la tarde y 6:00 de la mañana en los ríos Colorado, Sarapiquí y San Carlos, que se conectan con el nicaragüense río San Juan.
Costa Rica ha mostrado su inconformidad con los trabajos del dragado del San Juan, que se iniciaron en octubre, con el fin de recuperar su caudal y hacerlo navegable.
El caudal del río San Juan ha sido afectado por la sedimentación que acarrean los ríos ticos, afluentes como el San Carlos y El Sarapiquí, que aportan al San Juan entre 1,200 y 800 toneladas de sedimentos por día, respectivamente, según el Estudio de Diagnóstico de la Cuenca del río San Juan y Lineamientos del Plan de Acción realizado por los gobiernos de la República de Costa Rica a través del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) y de Nicaragua a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).
Este estudio se realizó en 1997 y contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El Tratado Jerez-Cañas de 1858, los laudos Cleveland y Alexander, así como una sentencia de la CIJ del año pasado, confirman “el dominio y sumo imperio” de Nicaragua sobre el río San Juan, así como el derecho a dragarlo.
MOLESTIA CON EMPRESARIOS
Entretanto el Gobierno costarricense reiteró su molestia por la propuesta de sus empresarios “de retomar, cuando antes, los contactos bilaterales entre gobiernos para la solución pronta de este diferendo” con Nicaragua, para evitar afectaciones al comercio regional.
Primero, la presidenta Chinchilla criticó un comunicado de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap), emitido la semana pasada en la cumbre iberoamericana en Argentina, el cual fue avalado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) de Costa Rica.
El pronunciamiento pidió que “en ningún caso se adopten medidas que sean restrictivas del comercio y la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países y dentro de la propia región centroamericana”. A la vez pide a los dos gobiernos “retomar, cuanto antes, los contactos bilaterales para la solución pronta de este diferendo”.
Chinchilla consideró que esta postura “avala la tesis nicaragüense más que la costarricense”, pues el gobierno de Ortega pide diálogo sin condiciones, mientras que Costa Rica habla de “invasión y del retiro de militares” en Harbour Head, territorio que reclaman Costa Rica y Nicaragua en la desembocadura del San Juan.
El canciller por ley, Carlos Roverssi, demandó a los empresarios ticos “exigir a Nicaragua el retiro de las tropas” de Harbour Head.
“Exigimos el mismo trato y solicitamos de ustedes hacer el llamado respectivo al Gobierno de Nicaragua para que respete los acuerdos emitidos por el Sistema Interamericano y frene de inmediato las actividades que realizan en territorio costarricense y frene sus amenazas expansionistas”, dijo Roverssi en una carta que dirigió el 1 de diciembre al presidente de UCCAEP, Manuel H. Rodríguez, la cual divulgó ayer la Cancillería de Costa Rica.
Para Roverssi, los empresarios de su país reflejan “un cierto grado de desconocimiento del conflicto con Nicaragua y de las acciones que Costa Rica ha seguido para atenderlo”.
Costa Rica no ha logrado frenar el dragado del río San Juan, aunque hay voces de políticos y analistas ticos, así como de una parte de la ciudadanía, que piden romper relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua.
Estas voces han planteado cierre de fronteras para evitar inmigración ilegal, medidas migratorias drásticas contra nicaragüenses que viven en Costa Rica y gravamen a las remesas.
Roverssi dice que su país “jamás pensaría en adoptar medidas que afecten el intercambio comercial y la libre circulación de bienes y servicios” entre Costa Rica y Nicaragua y el resto de la región, “así como tampoco ha aplicado medidas que afecten a la población nicaragüense radicada en nuestro país”.
El reclamo gubernamental provocó que el vicepresidente de UCCAEP, Jaime Molina, “aclarara” públicamente que los empresarios de su país respaldan las gestiones costarricenses.
Costa Rica quiere seguir demostrando que Nicaragua incumple recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha llamado al diálogo bilateral, al proponer ayer una nueva fecha para una reunión binacional, el 20 diciembre, pero condicionada al “despeje militar” de Harbour Head.
En respuesta anoche el presidente Ortega reiteró que está dispuesto a un diálogo bilateral con Costa Rica, pero sin condiciones y sin la “presencia contaminante” de la OEA “que no tiene nada que hacer en el asunto”, sino que sería resuelto por la CIJ.
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