Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder que ejercen los hombres en cualquiera de sus formas, son los objetivos de lo que sería la nueva Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, explicó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos.
Anunció ayer, durante un acto en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que la próxima semana el proyecto de Ley será presentado en la Asamblea Nacional para su aprobación.
La nueva Ley crearía juzgados especiales para atender los casos de violencia contra la mujer, los cuales contarían con personal especializado sobre el tema.
Se crearía también el delito de feminicidio, que sería cuando un hombre mate a una mujer, ya sea en el ámbito privado, la familia, o público. Ramos señaló que de esa manera la ley trascendería la violencia doméstica hacia la violencia de género.
La magistrada Ramos destacó que con la nueva Ley se crearían además diversos tipos de violencia, tanto física como psicológica, patrimonial y las de orden sexual.
Otro delito que aparecería es el maltrato habitual como delito autónomo.
El Sistema Penitenciario Nacional (SPN) estaría facultado para crear programas que ayuden a los agresores, para que sean tratados y orientados psicológicamente y no reincidan en la violencia contra las mujeres.
Lo que se pretende en palabras de la magistrada Ramos es “ni una muerte más de mujeres por violencia”.
La diputada sandinista, Alba Palacios, mencionó que en materia legislativa ha habido una mayor preocupación en los últimos años por aprobar leyes que beneficien a las mujeres, pero que todavía falta aprobar algunas como el Código de la Familia, una ley contra la violencia y otra sobre la diversidad sexual.
La magistrada Ramos agregó que el Código Civil actual es discriminatorio en contra de las mujeres, y por ello urge interpretar las leyes desde el enfoque de género.
La idea de la nueva Ley surgió de una reunión entre representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, explicó la magistrada Ramos.
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