SANTIAGO DE CHILE / EFE y AP
Al menos 83 reclusos murieron en un incendio desatado ayer en una cárcel de Santiago, donde había 861 presos más de lo que permite su capacidad, un problema que fue calificado de “vergüenza” por el presidente Sebastián Piñera. Según los funcionarios de prisiones, el incendio se inició a las 5:30 horas (2:30 a.m. en Nicaragua) después de la quema de colchones por parte de un grupo de reclusos que se enzarzaron en la Torre 5.
- Escenas de dolor y desesperación se vivieron ayer afuera de la cárcel San Miguel, donde cientos de familiares de los reos esperaban noticias de los suyos.
Los familiares denunciaron que los bomberos no pudieron entrar a la cárcel oportunamente, porque se dio prioridad al ingreso de policías antimotines.
A los bomberos no los dejaron ingresar, los antimotines entraron primero y empezaron a pegarnos, y después (entraron) los bomberos, dijo un reo desde el interior del penal de San Miguel, hablando por celular.
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La cifra de muertos, confirmada por el intendente (gobernador) de la región metropolitana de Santiago, Fernando Echeverría, era inicialmente de 81 y aumentó con la muerte de dos de los 14 heridos con pronóstico incierto, que sufrieron graves quemaduras en el rostro y el aparato respiratorio.
Hasta ahora se han identificado 31 cadáveres y se calcula que para reconocer a los restantes fallecidos se necesitará por lo menos dos días.
El Servicio Médico Legal dará a conocer en las próximas horas el método para proceder a la identificación de los cuerpos calcinados, fundamentalmente huellas digitales, registros dentales y muestras genéticas.
PIÑERA DESMIENTE DENUNCIAS DE RECLUSOS
El mandatario chileno desmintió las denuncias de los familiares de los reclusos de San Miguel, que se agolparon en las afueras de la cárcel y dijeron a los periodistas que los bomberos tardaron al menos 40 minutos en llegar.
Sin embargo, al menos tres reclusos que hablaron desde la cárcel con los medios locales afirmaron que pese a que las casetas de los funcionarios de prisiones poseen teléfono, la llamada de urgencia a los bomberos fue hecha por un preso.
Los testimonios telefónicos que los reclusos brindaron a medios locales también hablan de vejaciones y malos tratos recibidos por los sobrevivientes.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, nombró a Alejandro Peña como fiscal preferente para llevar a cabo la investigación de la tragedia.
REOS DE BAJA PELIGROSIDAD
Por su parte la defensora pública, Paula Vial, señaló a los periodistas que los ahora fallecidos eran en su mayoría reclusos “primerizos” y “reos de baja peligrosidad”, como por ejemplo Bastián Arriagada, un joven de 20 años que estaba en prisión preventiva por la venta de películas piratas.
La madre de Arriagada no hallaba consuelo y lloraba al recordar que su hijo fue encerrado por 20 días y le quedaban diez para salir del reclusorio.
El ministro chileno de Justicia, Felipe Bulnes, aseguró que se investigará lo sucedido y se actuará rigurosamente con los responsables.
También el ministro del Interior, Rodrigo Heinzpeter, aseguró que el Gobierno va a “dar a conocer las causas del accidente”, además de anunciar que se van a “construir cárceles más humanas”.
Respecto al hecho de que la capacidad de la cárcel de San Miguel sea de 1,100 presos pero habían 1,961 cuando estalló el incendio, Heinzpeter admitió que el hacinamiento es un hecho real.
Pasadas nueve horas de la tragedia muchos familiares deambulaban entre la cárcel, la Posta Central (hospital de emergencia), donde fueron conducidos la mayoría de los heridos, y el Servicio Médico Legal, (SML) buscando a sus parientes, sin saber si estaban vivos o muertos.
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