CARACAS/ AFP
El Estado venezolano se convirtió ayer en accionista minoritario de la televisión privada Globovisión, muy crítica con el Gobierno de Hugo Chávez, con una participación del 20 por ciento, que no le dará la facultad de elegir directivos ni intervenir en su gestión.
Según una decisión publicada el lunes por la noche, la Superintendencia de Bancos (Sudeban) liquidó la sociedad Sindicato Ávila, que es accionista de Corpomedios GV Inversiones, firma que tiene la concesión de Globovisión, lo cual convierte al Estado en accionista del medio de comunicación.
“Sindicato Ávila, C.A. posee únicamente 20 por ciento de las acciones de Corpomedios, porcentaje que no le da facultad para designar a miembros de la junta directiva de la empresa ni de afectar la gestión de la misma”, señaló ayer Globovisión en un comunicado. Además, Globovisión recordó que decisiones como la elección de los miembros de la junta directiva son tomadas con el voto favorable del 65 por ciento del capital social.
Corpomedios GV Inversiones también es propiedad de Guillermo Zuloaga, presidente de esta televisión, buscado por la justicia venezolana por supuesta usura y asociación para delinquir, del ex director de la cadena, Alberto Ravell, y de otra empresa privada.
La entrada del Estado en el grupo de accionistas de este medio de comunicación privado es algo más que simbólico. Globovisión tiene varios procesos abiertos desde hace años y ha sido amenazada de cierre en varias ocasiones por Chávez, quien les acusa de ser “terroristas mediáticos”.
Un grupo de trabajadores de la televisora acompañó a los abogados a la sede de Sudeban para respaldar a la empresa y expresar la “incertidumbre” que viven al no saber qué pasará con el canal, según dijo la periodista Gladys Rodríguez.
En estos días, Chávez llamó a las instituciones venezolanas a “hacer algo” con las propiedades de Zuloaga, entre ellas Globovisión, y acusó al presidente del medio de comunicación, quien ha solicitado asilo en Estados Unidos, de formar parte de un grupo que planea asesinarlo.
El Gobierno venezolano asegura que estas acciones contra el medio de comunicación y sus directivos no tienen nada que ver con la línea editorial del canal y responden a razones estrictamente legales.
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