La ambigüedad con que han sido expuestas las tres iniciativas de ley sobre defensa, seguridad y régimen jurídico de fronteras, enviadas por el presidente Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, permitiría al mandatario realizar labores de espionaje. Esto porque, según el experto en temas de seguridad Javier Meléndez, las mismas tienen como fin “habilitar toda una comunidad de inteligencia sobre todos los ámbitos de la vida nacional”.
A criterio de Meléndez, lo que menos interesa a Ortega “es producir inteligencia e información” para prevenir al país de las amenazas externas.
“Lo que le interesa es controlar cada fibra institucional, pública y privada para consolidar la hegemonía política y económica a cualquier precio”, todo esto justificado con “ridículas hipótesis de guerra” con Costa Rica, señala el especialista.
INTELIGENCIA DE CORTE CUBANO Y VENEZOLANO
“El tema de la inteligencia ha sido una debilidad terrible en Nicaragua. Antes de estas propuestas de leyes no había ninguna garantía de que las labores de inteligencia militar no se extendieran a situaciones que estuvieran mas allá de lo que indica la ley, porque no se dispone de ningún tipo de control sobre la labor de inteligencia de las fuerzas armadas. Y para Ortega la inteligencia lo es todo. El espionaje es la médula de su acción política. Por eso, apenas toma el poder reforma la normativa y formaliza el control de la inteligencia en manos del Ejército”, señaló Meléndez.
“Ahora, con la Ley de Seguridad Nacional, Ortega pretende crear una megaagencia de seguridad que, controlada por el Ejército de Nicaragua, tendría facultades absolutas de espionaje y control de cualquier institución. Somete incluso a la labor de inteligencia civil que realiza la Policía Nacional”, alertó Meléndez.
A criterio del especialista, la ley propuesta en materia de seguridad nacional es para habilitar un sistema nacional de inteligencia de corte cubano y venezolano.
“No se moverá una hoja sin que los militares no lo sepan. Y esto es indispensable cuando es claro que el Ejército y Ortega han llegado a un acuerdo de que será reelecto al costo que sea”, dijo el experto.
“No queremos que la autoridad civil se supedite a la autoridad militar, ni siquiera en un contexto que se ha denominado como de emergencia. Debe haber un balance entre los poderes civiles y militares”, sostuvo el presidente del Cosep.
Aguerri indicó ayer en conferencia de prensa que estas iniciativas de ley deben entrar a un amplio proceso de consultas.
“La modernización, la independencia del Ejército de Nicaragua, esa institución que para nosotros goza de nuestra confianza, queremos que siga en esa dirección. Que esta institución mantenga esa independencia”, señaló Aguerri, quien fue enfático en asegurar que debe haber un equilibrio entre el poder civil y el militar. En un pronunciamiento escrito, el Cosep también hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional a no aprobar dichas leyes, “hasta que se haya conseguido el máximo consenso entre todas las bancadas”. Las tres propuestas corresponden a la Ley de Seguridad, Ley de Fronteras y Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, las que de acuerdo con expertos militarizan al Estado de Nicaragua y colocan al Ejército de Nicaragua por encima de la Policía Nacional, del ya casi inexistente Ministerio de Defensa y demás instituciones civiles. El reglamento de estas tres leyes también debe ser consensuado, dijo Aguerri.
Anne Pérez
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“Me parece que en algún momento el Ejército de Nicaragua va a tener que responder por todo esto. Va a tener que explicar cómo se llegó a este punto. Sin embargo, yo insisto en que hay ya una claridad institucional de los militares, de que el proyecto de Ortega va para rato ( ), de lo contrario no habría forma de sustentar, de explicar la pretensión de los militares de erigirse como un suprapoder de una manera tan descarada y burda”, manifestó Meléndez.
MOVILIZACIONES
Meléndez señala que las leyes incluyen aspectos sobre la movilización nacional en tiempo de guerra y desastres, lo cual no está regulado en ninguna normativa militar ni de defensa.
“Plantea el tema de la reserva, y de nuevo, la normativa militar al respecto básicamente no dice nada. Y eso es lo que debe preocupar, porque la ambigüedad planteada le daría pie al Presidente para cualquier cosa. Y en todo caso, ¿quién puede creer al Presidente respecto a respetar lo que dice la ley sobre la voluntariedad del servicio militar? Recuerden que a él le gusta que las leyes calcen con sus deseos”, aseguró.
“Los nicaragüenses saben que la Constitución prohíbe la reelección inmediata y a él (a Ortega) le vale, interpreta y asume la Constitución como él quiere y su proyecto es reelegirse ( ) entonces, ¿cómo creerle a Daniel Ortega y sus aliados políticos del Ejército que respetarán la disposición constitucional que prohibió el servicio militar obligatorio?”.
¿OTRA VEZ ÉXODO?
“Yo le recomiendo que quienes tengan hijos adolescentes que busquen cómo sacarlos del país en el 2012. Yo no dejaría que un hijo mío de más de 16 años viviera ni un minuto luego que Ortega se reelija en el 2011. Porque Ortega, su gente, y ahora los militares harán lo que les venga en gana”, sostuvo Meléndez.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, advirtió el primero de diciembre pasado que con estas iniciativas no se puede descartar que intenten “un reclutamiento forzoso”.
En el capítulo IV de la propuesta de Ley de Defensa Nacional el Ejecutivo plantea:
“Que la defensa nacional es de orden público y de interés supremo nacional, como derecho y obligación de todo ciudadano nicaragüense ante situaciones de amenazas, necesidad de preservar los recursos estratégicos de la nación ante conflictos armados o desastres, sin distingos de carácter político, económico, religioso, étnico, social o cultural”.
La noche del jueves el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, sentó su posición sobre las tres iniciativas de ley tras clausurar un curso sobre defensa y soberanía. “La seguridad nos exige a todos y no solamente a las instituciones llamadas por la ley para mantener o contener, sino más bien disminuir la inseguridad y fortalecer nuestras capacidades para enfrentar de manera preventiva y anticipada las amenazas y riesgos a la patria”, expresó Avilés.
Avilés insistió en el sentimiento patriótico: “La defensa y seguridad nacional no es un tema estrictamente militar, su naturaleza es de orden público y no de interés supremo nacional como un derecho y obligación de todo ciudadano nicaragüense. Así lo establece la Constitución Política, la que en su artículo primero expresa la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, que son derechos irrenunciables ( ) es deber también, plantea la Constitución, de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos”.
Y en aparente respuesta a críticas efectuadas a la ley, manifestó el jefe militar: “No hay que manipular las buenas intenciones de una nación que trata por la vía de leyes modernas, crear las mejores condiciones y capacidades posibles para su defensa y seguridad nacional”.
INSTITUCIONES SUBORDINADAS AL EJÉRCITO
En el capítulo tres de la iniciativa sobre seguridad se crea el Sistema Nacional de Seguridad, que en su artículo ocho menciona: “Se crea el Sistema de Seguridad Nacional (SNS), el cual es una entidad compuesta por instituciones estatales especializadas en materia de inteligencia e información, que cumplen su función a través de operaciones básicas y especializadas, utilizando recursos humanos y medios técnicos”.
El SNS estará coordinado por el Presidente, pero la coordinación operativa le corresponderá a la Dirección de Información para la Defensa (DID) del Ejército, “en su calidad único de órgano especializado de Inteligencia de Estado”. A la DID se subordinarán distintas instituciones estatales de carácter civil, incluida la Policía Nacional.
Además, Meléndez recordó que el Ejército aparece coordinando a la Policía, Fiscalía y un sinnúmero de instituciones civiles no solo en el tema de la seguridad, sino también en la iniciativa de régimen jurídico de fronteras.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,6 A
