María José Uriarte, Elizabeth Romero y Ludwin Loáisiga
El ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz, estima que el trasfondo de las iniciativas de ley enviadas por el presidente Daniel Ortega al parlamento es porque al gobernar al margen de la Constitución Política y aproximándose un año electoral, pretende fortalecerse a través de los militares.
Las tres propuestas corresponden a la Ley de Seguridad, Ley de Fronteras y Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, las que de acuerdo con expertos, militarizan al Estado de Nicaragua y colocan al Ejército de Nicaragua por encima de la Policía Nacional, del ya casi inexistente Ministerio de Defensa y demás instituciones civiles.
Díaz observó que las iniciativas son enviadas en el contexto de un conflicto con Costa Rica, al que podría sumarse Honduras. Díaz no estima pertinente que se quiera nacionalizar una situación que es regional, ya que tendrá que dilucidarse en las instancias internacionales correspondientes.
Agregó que con dichas iniciativas se puede vender una imagen de “que estamos en guerra”, sin obviar que Nicaragua ha quedado como un Estado agresor debido a la ofensiva diplomática de Costa Rica.
“Cuando yo leí los proyectos de ley, me dio la sensación de que estábamos volviendo a la época de (Benito) Mussolini en Italia, en donde a través de leyes imponen un control sobre la sociedad en general y militarizan la vida del país”, subrayó Díaz, quien añadió que dejan la puerta abierta para un eventual reclutamiento, a pesar de ser una prohibición constitucional.
Tampoco descarta la creación de milicias populares o tribunales populares con la aprobación de esas iniciativas.
Ante la situación de guerra y Servicio Militar Patriótico (SMP) que experimentó Nicaragua en la década de los ochenta, es oportuno —para Manuel Ortega Hegg, director del Centro de Análisis Sociocultural (CASC), de la Universidad Centroamericana (UCA— que las tres iniciativas sean analizadas con mayor detenimiento.
“Hay una enorme desconfianza hacia cualquier cosa que implique algún tipo de involucramiento de los civiles en los cuerpos armados y sobre todo, cuando se tocan estos temas vuelven a generar de alguna manera en la población un cierto sentido de si no estamos hablando de guerra”, indicó Ortega Hegg.
Expresó que las leyes son necesarias para regular la materia en Nicaragua, pero insistió en la necesidad de revisarlas sin prisa, para proceder a su aprobación, para que al final sean leyes que cumplan el cometido que tienen de “garantizar que las fuerzas armadas juegan el rol social que la Constitución les establece y que además le dan confianza a la ciudadanía”.
EJÉRCITO SANDINISTA CABILDEA
Por otra parte, las bancadas legislativas se reunirán hoy con representantes del Ejército de Nicaragua para definir mociones de consenso a las tres iniciativas de ley y discutirlas el lunes próximo.
El secretario ejecutivo de la bancada del FSLN, José Figueroa, dijo que están dispuestos a mejorar los tres proyectos de ley.
“Para eso se conformó esa comisión de jefes de bancada y para eso se conformó esa comisión de especialistas del Ejército de Nicaragua, para que si acaso hay que ajustar, mejorar o afinar esta iniciativa, se hace”, dijo.
La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) mantuvieron sus críticas a las tres iniciativas, dejando solo al FSLN, que está seguro de que el lunes próximo se aprobarán.
El presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Maximino Rodríguez (PLC), cuestionó por completo los proyectos presidenciales, al decir que hay roces con la Constitución.
“Hay un monopolio y suprapoder para la jefatura del Ejército, en detrimento del Ministerio Público, Superintendencia de Bancos, la misma Policía, algunas alcaldías y se violan derechos fundamentales y hasta pactos internacionales en derechos humanos que la Asamblea los ha ratificado (…) el Ministerio Público no puede estar bajo la tutela del Ejército”, indicó Rodríguez.
El diputado del PLC, José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, insistió ayer en que la Ley de Defensa Nacional impone un velado Servicio Militar Obligatorio que es prohibido por la Constitución.
“Que el Ejército ponga un artículo en que diga que en la movilización deben participar todos los nicaragüenses, no podemos estar de acuerdo, porque contraviene una disposición constitucional que prohíbe el Servicio Militar Obligatorio o el reclutamiento forzoso, porque la participación en la defensa debe ser voluntaria, no puede ser obligada”, precisó Pallais.
ORTEGA DICE QUE NO HABRÁ SERVICIO MILITAR
Ortega, quien presidió el acto de clausura del VII Curso de Defensa y Seguridad Nacional, negó anoche que las pretensiones sean volver a imponer el Servicio Militar. “Aquí el Servicio Militar quedó totalmente erradicado por la Constitución. No hay Servicio Militar, esas leyes no hablan de Servicio Militar, más bien en Costa Rica están hablando de servicio, están hablando de reclutar, aquí no estamos llamando a reclutar a nadie, aquí el Ejército no ha hecho ningún llamado a reclutar (…) no vemos razón alguna para hacer ese tipo de llamado”, insistió Ortega.
Y criticó que lo que hay es una manipulación de los que llamó “traidores”, “vendepatria”, y que son los mismos que en 1857 quisieron anexar Granada y Rivas a Costa Rica que han reencarnado y lo que tratan es meterle temor al pueblo. No obstante, dijo que los diputados se tomen el tiempo que deseen y si quieren que lo analicen con lupa.
Por su parte, el Jefe del Ejército, general Julio César Avilés, manifestó que las tres iniciativas de ley representan para los nicaragüenses “la garantía de su soberanía, su autodeterminación, su independencia nacional, su integridad territorial y ésta sólo se asegura a través de la aplicación de un conjunto de medidas y acciones de carácter integral destinadas a superar las amenazas y riesgo contra nuestro país”.
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