El Ejército de Nicaragua “coordinaría” casi a sus anchas las políticas de defensa, seguridad y fronteras, muy por encima de las demás instituciones civiles y apegado al presidente Daniel Ortega, de acuerdo con tres iniciativas de ley que el mandatario envió al parlamento, lo cual militarizaría más al Estado, advirtió el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
Un oficial de las fuerzas armadas, coronel Álvaro Molina, presionó para que ayer mismo se aprobara el paquete de leyes en el parlamento, aduciendo que es necesario para el diferendo con Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Pero los diputados decidieron buscar consenso y discutir las leyes hasta el lunes.
Yassir Chavarría, investigador del IEEPP, alertó que los tres proyectos de ley otorgan demasiadas facultades al Ejército de Nicaragua (incluyendo el sistema de seguridad).
Dichos proyectos desarman al Ministerio de Defensa, relegan el control civil sobre las fuerzas armadas y dejan abierta la posibilidad de reactivar inconstitucionalmente el servicio militar.
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) negó que las iniciativas rocen con la Constitución o que se pretenda imponer el servicio militar, prohibido en el artículo 96 de la Carta Magna.
EL ANÁLISIS DEL IEEPP
Ayer expertos del IEEPP se reunieron con diputados de cinco bancadas, para presentarles su análisis, el cual dice que las iniciativas de ley están redactadas con ambigüedad, complicando más la situación.
Los diputados tratarán de consensuar hoy una serie de mociones, para presentarlas mañana al Ejército de Nicaragua, explicó José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
Para el IEEPP, las tres propuestas de ley (Ley de Seguridad, Ley de Fronteras y Ley de Régimen Jurídico de Fronteras) militarizan al Estado de Nicaragua y colocan al Ejército de Nicaragua por encima de la Policía Nacional, el ya casi inexistente Ministerio de Defensa y demás instituciones civiles.
Por ejemplo, el IEEPP indica que en el artículo 9, numeral 4 de la Ley de Defensa Nacional, relativo al rol interno del Ejército de Nicaragua, “debe establecer taxativamente, como está en la misma Constitución Política, que el Ejército coadyuvará a la Policía Nacional, por orden presidencial, pero siempre bajo la coordinación y mando de la fuerza de seguridad”.
El artículo 16 de la misma iniciativa (funciones del Ejército de Nicaragua) también promueve la militarización en roles exclusivos de la autoridad civil, añadió el IEEPP.
“De acuerdo a este y otros artículos, podría abrirse espacios de mayor participación del Ejército de Nicaragua en misiones de seguridad interior y en tareas de desarrollo socioeconómico que generarían riesgos para el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, desvirtuarían las relaciones civiles-militares, el rol de las fuerzas armadas y la misión de defensa”, dice el IEEPP.
Se debe recordar que el artículo 2 de la Ley de Defensa Nacional plantea “la participación de todos los ciudadanos en la defensa de la patria”, lo que ha sido considerado como una encubierta estrategia para revivir el servicio militar obligatorio.
El IEEPP sostuvo que en el caso del estado de emergencia el país quedaría a merced del Ejército de Nicaragua, “si el Presidente así lo dispone en Consejo de Ministros”.
“Básicamente se militariza el concepto de estado de emergencia. Y en una democracia, y aunque sea en estado de emergencia, no se puede perder la idea y la práctica que al final de cuentas los militares deben subordinarse al control civil, y no los civiles a los militares”, agregó el IEEPP.
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PELIGROSO SISTEMA DE SEGURIDAD
Asimismo, en la Ley de Seguridad se establece que el Sistema Nacional de Seguridad (SNS) será coordinado por el presidente Ortega, pero operativamente el Ejército de Nicaragua estará al frente a través de Dirección de Información de Defensa (DID).
“Un organismo del Ejército (DID) queda como ente rector de todo el Sistema de Inteligencia. Un sistema que incluye a la Policía, Migración, Aduanas, Sistema Penitenciario, Ministerio Público, Procuraduría, Superintendencia de Bancos y cualquier otra entidad necesaria que sea requerida”, advirtió el IEEPP.
El diputado Pallais calificó como “totalitario” el articulado.
“El Ministerio Público no puede ser subordinado, porque no es un órgano de Gobierno (…); al subordinar a la Superintendencia de Bancos, está rompiendo el sigilo bancario, lo cual es un elemento propio de las sociedades totalitarias”, criticó Pallais.
Finalmente, el IEEPP sostuvo que hasta en la Ley del Régimen Jurídico Fronterizo se “militarizan” las actividades, al dejar al Ejército de Nicaragua con la “coordinación operativa” de la Comisión Nacional de Territorio Fronterizo.
La iniciativa también amenaza la propiedad privada, aunque el diputado sandinista Edwin Castro argumentó que se pretende que los extranjeros no pasen a controlar los bordes fronterizos de Nicaragua.
El diputado por el Movimiento Renovador Sandinista, Víctor Hugo Tinoco, también consideró que el presidente Ortega trata de imponer “mano militar” en Nicaragua.
“Para los programas de desarrollo social en las fronteras están poniendo como coordinadores a los militares y no a los civiles, hay un fortalecimiento de la mano militar en la vida política interna en estos proyectos y hay que revisarlos, el Ejército entra con más fuerza porque se subordinan a todas las instituciones civiles ante el poder militar”, dijo Tinoco.
DERECHOS HUMANOS
Por su parte, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, advirtió del peligro que representa una aprobación de esas iniciativas, por los niveles de discrecionalidad que tendría Ortega, de quien dijo tiene una mente “sectaria y revanchista” que podría ampliar “todo un tendido de espionaje y toda una serie de órganos de persecución y vigilancia para liquidar las pocas libertades que aún conservamos y para terminar lo que él considera sus adversarios”.
Núñez consideró que estas iniciativas permitirían a Ortega establecer “de manera simulada un reclutamiento forzoso”, aunque no con fines militares, pero sí con objeto de sustraer a determinadas personas de sus labores cotidianas.
“La gente tiene todo el derecho a pensar por este secretismo y definitivamente detrás de esto hay un deseo de desarrollar el militarismo y volver a establecer un servicio militar, tiene derecho a pensar, yo no lo digo, pero si es un reclutamiento forzoso, el reclutamiento no sólo puede ser militar y viola diferentes derechos humanos de libertad individual, libertad de movilización, el derecho al trabajo”, sostuvo Núñez.
Advirtió que además de ser aprobadas estas leyes estaría simulando una confiscación o intervención de bienes a la hora de una ley de emergencia económica, por ejemplo.
Ortega utilizó la sorpresa aprovechando que ya hay en el país un ambiente festivo y los parlamentarios están a punto de salir de vacaciones, pese a que en ningún momento se había referido a posibles vacíos en el ordenamiento jurídico vigente, para poder impulsar las labores de defensa, recordó la presidenta del Cenidh. Y señaló como grave que en uno de los artículos de una de las iniciativas se establezca que “quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley”, por lo que al no especificar queda sujeto a la interpretación de cada quien.
“Otra cosa gravísima, que las políticas de defensa son un secreto de Estado, profundizando de esta forma el secretismo con que se ha manejado este país durante todo el tiempo del gobierno de Ortega”, dijo Núñez.
Para Azahálea Solís, un tema eminentemente técnico no se elabora espontáneamente, por tanto piensa que estaba preparado, pero fue sacado en un momento considerado idóneo, aprovechando “el patrioterismo” por el río San Juan.
Solís refirió que esta situación “es sumamente peligrosa para la estabilidad política del país y el ejercicio de los derechos de las personas, porque está recentralizando el poder en manos del Presidente y está militarizando la vida pública y las fronteras”, con lo cual toda la población corre serios problemas.
“Esto no es ajeno a la militarización del sistema electoral y no es ajeno a una estrategia que afecta el ejercicio de derechos ciudadanos”, dijo Solís, quien manifestó que existe el riesgo de empezar el 2011 “con esta espada encima de la ciudadanía” de que en algún momento Ortega pueda declarar emergencia si lo considera necesario, incluso condicionar la participación política electoral.
Núñez y Solís coincidieron en que la población debe presionar a los diputados para evitar que el lunes aprueben estas iniciativas.
“Es un mecanismo para consolidar la dictadura y la tiranía por otra vía y además utilizando los mecanismos legales para eso”, apuntó Solís, quien señaló que de aprobarse esas leyes ponen en peligro “la estabilidad política y la integridad personal de hombres y mujeres en este país”, a quienes en cualquier momento pueden acusar de traición en caso de hacer críticas al Presidente.
Roberto Petray, representante de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), dijo por su parte que estas iniciativas laceran la institucionalidad del Ministerio de Defensa.
Petray señaló que esta situación pone en zozobra el país, al promover Ortega nuevas iniciativas, “cuando él incumple las leyes, las manosea como le da la gana; ahora viene a proponer leyes amparados en la noche”.
Las tres iniciativas de ley llegaron al parlamento el pasado 26 de noviembre, pero fue hasta el 30 que los legisladores dieron a conocer el polémico tema. El primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro (PLC), defendió el paquete de leyes del Ejecutivo y criticó el análisis del Ieepp , diciendo que hay organizaciones que sólo se dedican a “hacer dinero”.
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