Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, dijo ayer que los observadores electorales nacionales no tienen de qué preocuparse por la figura de acompañante electoral que impuso el Consejo Supremo Electoral (CSE), o por que éste niegue la acreditación a organismos nacionales, ya que todas esas trabas son superables.
Sin embargo, Courtney manifestó que los organismos internacionales de observación sí tendrán mayores obstáculos. “Tienen dificultades diferentes porque necesitan visa y permiso para ingresar al país, tienen que cuidarse de los convenios y limitaciones que les pongan. Nosotros no, porque la Constitución nos da abundantes posibilidades”, explicó.
“Además, los internacionales tienen que cuidarse de la soberanía representada por las autoridades, mientras que para los nacionales es al revés, las autoridades son los empleados de los soberanos, que somos los ciudadanos. Basado en todo eso, el CSE queda reducido a tratar de contraargumentar lo que se le presente, pero no puede imposibilitar el trabajo”, afirmó Courtney.
“Nada nos prohíbe, a todos los que nos queramos involucrar en el proceso electoral, emitir un pronunciamiento y que el mundo lo tome en cuenta según la fidelidad de la fuente y la calidad de las pruebas. Eso es imparable. Simple y sencillamente el CSE tendrá que vivir con eso”, aseguró Courtney.
Expresó que en los regímenes menos democráticos lo más normal es que los observadores trabajen sin acreditación. “Eso es su mayor credencial, precisamente, no estar vinculados, sino estar claramente en posición vigilante de cara a los tribunales corruptos, como el que tenemos en este país”, manifestó.
El director ejecutivo de EyT dijo que el CSE, al no extender la acreditación, lo único que limita es la permanencia del observador en la junta receptora de votos y los centros de cómputos, lo cual es irrelevante para ellos.
“Los obstáculos que ha puesto (el CSE) han sido fácilmente superables y prueba de ello es que en las elecciones del 2008, donde por primera vez concurrimos con una negación al derecho de permanecer en las juntas receptoras de votos, con muy poca dificultad se logró establecer suficiente información y pruebas, como para documentar las irregularidades y fraude en más de 40 municipios”, recordó Courtney.
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