MADRID/ EFE
El ex ministro y ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, informó ayer que Colombia tiene “la llave” para esclarecer el asunto de la presunta presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de la relación de esta con la organización terrorista española ETA.
Así lo expresó Arria en una rueda de prensa que convocó en Madrid poco después de testificar ante el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, quien investiga el presunto vínculo ETA-FARC, la existencia de campamentos de esta última en Venezuela y si este país pudiera colaborar en esa alianza.
“No hay nadie que haya presentado documentación más detallada y específica” que la que llevó a la OEA el Gobierno del ex presidente colombiano Álvaro Uribe sobre la presencia de campamentos y de cabecillas de las FARC en territorio venezolano, dijo Arria, embajador venezolano ante la ONU durante los primeros años de la década de los años noventa.
Arria, opositor al Gobierno de Venezuela, aludió también al “caudal de información” que halló el Gobierno de Colombia en los computadores de los líderes de las FARC Raúl Reyes y Víctor Suárez (“Mono Jojoy”), muertos ambos en acciones del Ejército colombiano.
Por otra parte, Arria aseguró que la documentación que entregó hoy al juez procede de antiguos agentes policiales y de inteligencia venezolanos, y que su disposición para declarar ante el juez tiene que ver con su deseo de “clarificar que quien está bajo la mira de la justicia española son personas vinculadas al régimen venezolano”.
Respecto a la expropiación de terrenos por parte de las autoridades de Venezuela, el ex diplomático dijo que durante el Gobierno de Hugo Chávez el pueblo ha tenido que sufrir “la implementación de una política de pillaje, de expoliación, saqueo y persecución a grupos específicos de la población, en este caso pequeños o medianos propietarios agrícolas”.
Y manifestó su extrañeza por el hecho de que al Gobierno de España no le haya llamado la atención que la mayor cantidad de víctimas sean ciudadanos españoles residentes en Venezuela.
Según Arria, uno de los responsables de diseñar “la política de ejecución de invasión de fincas” es el etarra deportado en Venezuela Arturo Cubillas, investigado en la causa que adelanta Velasco.
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