La fortuna inexplicable que le permite una vida de lujos y excentricidades al magistrado y presidente de facto del Poder Electoral, Roberto Rivas, será objeto de una serie de denuncias y petición de investigaciones y auditorías que analizan la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y miembros de la Convención Interamericana contra la Corrupción, las que presentarían en las próximas semanas, según dijeron sus representantes.
El jueves Reynaldo Salvador Chow Pérez, socio de las empresas contratadas en el Consejo Supremo Electoral (CSE) que financiaron más de medio millón de dólares para la compra de un avión privado en el que viaja Rivas, reveló a LA PRENSA detalles y pruebas de la corrupción de este funcionario del Estado.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, opinó que las declaraciones de Chow deberían bastar para que la Contraloría General de la República y la Fiscalía actúen de oficio, para investigar cómo un funcionario cuyo salario ronda los 5 mil dólares puede comprarse un avión, y por qué se asegura que una empresa contratada por el CSE también habría hecho reparaciones a la casa del funcionario de facto, bajo el mismo tipo de contrato.
Carmona aseguró que la comisión que él dirige denunciará cómo estos delitos públicos violan los derechos humanos de los nicaragüenses, “porque mientras un funcionario público se lucra de esa manera sin dar explicaciones, hay uno y más niños que mueren de hambre o no tienen acceso a medicinas o a iniciar y continuar sus estudios”.
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Carmona animó a que todos los ciudadanos reaccionen y reclamen contra la corrupción pública, “porque todos deberíamos sentirnos ofendidos por este tipo de casos de corrupción, porque es con el dinero del erario público: mis impuestos, sus impuestos, los de todos, que este hombre está amasando una fortuna”.
YA ES DEMASIADO, DICEN
Carmona dijo que “a través de los medios nos hemos enterado cómo varios funcionarios públicos abusan de su autoridad y se lucran del erario público, que existe una alta corrupción”.
“A Roberto Rivas se le ha mencionado ya en varios actos y creo que aquí la ciudadanía debemos unirnos, no sólo para exigir que la Fiscalía le abra una acción penal, sino para que también la Contraloría General de la República actúe de oficio, aunque ahí también hay funcionarios de facto como en el Consejo Supremo Electoral”, destacó Carmona.
El secretario ejecutivo de la CPDH no precisó qué tipo de denuncia interpondría esa comisión, porque primero revisarán las leyes para elaborarla. Sin embargo, sostuvo que impulsarán la misma pese al descrédito del sistema judicial.
“Hay que denunciar, a pesar de que no se confíe en las instituciones de justicia, porque entonces hay que dejar en evidencia a la Fiscalía, a la Contraloría, a la misma Procuraduría, que debería sentirse ofendida, y al resto del sistema judicial”, añadió Carmona, quien dijo que una vez agotadas estas vías siempre queda recurrir a las instancias internacionales, a las que esté adscrita Nicaragua.
CREEN QUE AVIÓN VALE MÁS
Por otra parte, el abogado Lulio Marenco, miembro de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Asociación de Abogados Democráticos de Nicaragua, consideró que “el avioncito que se compró Roberto Rivas no vale medio millón de dólares, sino mucho más”.
Según Marenco, un avión privado con espacio para dos tripulantes y diez pasajeros puede costar unos 15 millones de dólares.
“Si se fijan, el avioncito de Roberto Rivas tiene espacio hasta para dos pasajeros más, de tal manera que no vale medio millón de dólares, sino, cualquiera tendría un avión o un jet privado de ese tipo, cualquier empresario exitoso del país podría tener uno de esos, y no es así, excepto en el extranjero, y con este señor cuyas cuentas son un misterio”, comentó el abogado.
Marenco calificó a Roberto Rivas como “un sinvergüenza que ha saqueado el erario público, porque es imposible que su salario le permita tanto lujo y excentricidades”.
Entre ese estilo de vida, a Roberto Rivas le da para contar en un complejo residencial en Costa Rica, donde tiene un chef francés que le cocina a la carta y un veterinario que cada mes visita la mansión para cepillar los dientes de sus perros akitas, los que tienen su propio cuarto, según investigaciones publicadas por los diarios LA PRENSA y La Nación, en Nicaragua y Costa Rica.
Marenco afirmó que los miembros de la Convención ya están trabajando en un documento, con el que solicitarán a la Contraloría General de la República que realice una auditoría al Consejo Supremo Electoral, donde los siete magistrados propietarios y tres suplentes permanecen de manera ilegal en esos cargos, porque sus períodos de cinco años vencieron entre febrero y junio de este año.
Hasta la fecha, la Contraloría ni siquiera ha facilitado las declaraciones de probidad de Rivas, un protegido del presidente Daniel Ortega.
