CORRESPONSAL/COSTA RICA
La Fiscalía de Costa Rica retomó la investigación contra el ahora ex mandatario Óscar Arias Sánchez y el ex ministro de Ambiente, Roberto Dobles, por el supuesto delito de prevaricato que habrían cometido hace dos años cuando estando en funciones emitieron un decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional la minería Las Crucitas, que se desarrollaría en una zona fronteriza con el río San Juan, de Nicaragua.
“Requerimos la simple noticia de crímenes para proceder y abrir la investigación, como el hecho es relevante y de interés nacional, sin duda alguna nosotros procederemos de inmediato a coordinar con el Tribunal (Contencioso Administrativo), no sólo para analizar el contenido de la sentencia, sino la prueba adicional que ellos recibieron para atraer (determinar) nosotros si hay un delito nuevo o bien si refuerza la investigación que ya se está haciendo”, declaró a periodistas el fiscal general, Jorge Chavarría.
El Ejecutivo indicó que “respeta las resoluciones judiciales y esperará la comunicación de la sentencia en su totalidad para estudiarla, emitir su criterio y resolver las acciones a seguir”.
Los argumentos del fallo contra la minería Las Crucitas serán brindados por el Tribunal Contencioso Administrativo el próximo 14 de diciembre.
El ministro de Ambiente y Energía, Teófilo de La Torre, también indicó que “esperaré a que llegue la resolución con todas las explicaciones y los razonamientos y tomaremos las acciones que correspondan en el momento que tengamos eso, que será a mediados de diciembre que tengamos dicho documento”.
“Debemos actuar correctamente, con profundo respeto a lo que ordene el Poder Judicial. Pero sí necesitamos primero entender cómo se sustentan cada una de las decisiones, al entender como se sustentan, en esa forma podemos tomar las acciones que correspondan”, dijo el ministro.
“Nuestra decisión permanente, todo lo que hagamos bien o mal cuando esté sujeto a escrutinio, debe ser evaluado para poder evaluar nuestro desempeño, si hay cosas incorrectas serán corregidos hacia futuro”, añadió.
El ex ministro de la presidencia, Rodrigo Arias, aseguró que el Tribunal Contencioso Administrativo se extralimitó al recomendar a la Fiscalía investigar penalmente a su hermano Óscar Arias.
En declaraciones a una emisora provincial local, el ex ministro considera que la sentencia provocará un conflicto jurídico porque antes la Sala Constitucional había avalado el proyecto minero.
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En octubre de 2008 el Ministerio Público abrió una causa contra Arias y Dobles por el supuesto delito de prevaricato, por haber emitido el decreto que le permitió a la empresa Industrias Infinito talar varias hectáreas de bosque en Las Crucitas en tan sólo tres días, para iniciar obras de infraestructura afines a la mina.
El Código Penal costarricense tipifica como delito de prevaricato cuando un funcionario público dicte resoluciones contrarias a la ley o las sustente en hechos falsos.
La denuncia literalmente estaba engavetada, pero con el final del juicio esta semana mediante el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió cancelar la concesión minera y, aunque la sentencia irá a apelación a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía retomó el caso al cual le agregarán nuevos elementos encontrados por el Tribunal.
Además este año la Sala Cuarta Constitucional rechazó varios recursos de amparo en contra del proyecto minero.
SIGUE “MUDO”
Hasta el cierre de esta edición Arias seguía sin brindar declaraciones y, por medio de otras personas que laboran en su residencia, indicó que cuando quiera dar su versión, convocará a una conferencia de prensa. Arias ha sido uno de los que más ha cuestionado en Costa Rica las obras del dragado del nicaragüense río San Juan.
Cuando aún era presidente de Costa Rica defendió la minería Las Crucitas, así como el decreto del proyecto, aduciendo haber recibido información de que todo lo actuado respecto a ello era correcto.
LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL
En el fallo por la demanda interpuesta por ambientalistas, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó el miércoles suspender la concesión minera a la empresa canadiense desarrolladora del proyecto Las Crucitas y eliminó el decreto ejecutivo firmado por Arias y el entonces ministro Dobles.
También condenó a los demandados Industrias Infinito, al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala rasa realizada en el proyecto a raíz de la emisión del decreto, ahora derogado.
“Se ordena comunicar esta sentencia al Ministerio Público para que allí se determine si es procedente o no seguir una causa penal en contra de alguna de las siguientes personas: Óscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora” y seis funcionarios y ex funcionarios públicos involucrados en el decreto, dice la sentencia.
INTERÉS PARTICULAR SOBRE EL PÚBLICO
Según el fiscal Chavarría, los elementos con que se abrió la investigación contra Arias hace dos años “no permitían al Ministerio Público afirmar que hubiese una conducta delictiva, en relación al decreto, no a la relación del daño ambiental, eso es otra cosa”.
“Supongo por los contenidos que se dieron ayer (el miércoles) a la luz pública por parte del Tribunal, éste sí encontró algo que indica que hay una colusión o algún interés particular que estuvo jugando y no el interés público. Eso sería lo que nosotros entraríamos propiamente a analizar y en traer esa prueba del Tribunal. El Tribunal probablemente tenga elementos de juicio con los cuales nosotros no contamos”, añadió el fiscal.
El abogado de la demandante Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), Bernal Gamboa, explicó que en su sentencia el Tribunal Contencioso Administrativo encontró irregularidades en los permisos, concesión ambiental y emisión del decreto “no por errores”, sino porque la administración gubernamental anterior habría actuado con “dolo” para favorecer a la empresa canadiense.
Después de anunciar en un comunicado que apelará el fallo, Industrias Infinito no ha manifestado criterio.
El abogado ambientalista Edgardo Araya considera que esta empresa agotará el proceso de apelación como parte del cumplimiento de requisitos, pero probablemente acudirá a un arbitraje internacional para intentar demandar al Estado de Costa Rica.
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