Los adolescentes que delincan, tengan problemas de adicción a las drogas y sean objeto de alguna medida por las autoridades penales del país, no irán a la cárcel, sino que recibirán tratamiento integral en el organismo Casa Alianza, de manera que luego puedan insertarse a la sociedad.
Ayer la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Casa Alianza firmaron un convenio de colaboración y de ahora en adelante los jueces tendrán la opción de enviar a los niños y adolescentes a cualquiera de las delegaciones de Casa Alianza en el país.
La firma de este convenio es la muestra del interés que ambas instituciones han venido ejecutando en favor de los adolescentes inmersos en el proceso penal, manifestó el ex magistrado Armengol Cuadra, quien se aferra al cargo pese a que se le venció su periodo en abril pasado.
Para María José Argüello, directora de Casa Alianza, este convenio viene a dar un salto cualitativo en términos de cobertura a nivel nacional, que se sumaría al esfuerzo que durante 12 años la institución ha venido desarrollando en pro de la niñez y la adolescencia en riesgo.
La preocupación por trabajar con jóvenes con medidas sociales y educativas siempre ha estado dentro de la misión de Casa Alianza. Por eso nuestro interés de apoyar a los jóvenes privados de libertad, expresó Argüello.
¿QUÉ LES HARÁN?
Una vez que las autoridades envíen a los adolescentes a Casa Alianza, cada uno recibirá un seguimiento y una atención integral que incluirá programas de psicología, deportivos, culturales y de trabajo social. También acompañamiento particular, que se extenderá a sus familiares. Todo con un enfoque de justicia restaurativa, valoró Argüello.
Según indicó, actualmente en Casa Alianza se atienden cerca de 300 niños y adolescentes en el proceso residencial, es decir que viven en las casas hogares. Pero además atienden más de 10 mil jóvenes en atenciones ambulatorias en las calles y barrios.
Pero con el convenio firmado ayer, la cantidad de jóvenes se incrementará. La CSJ se comprometió a canalizar donaciones para Casa Alianza, que serían destinadas en su mayoría para la alimentación de los niños y adolescentes.
Nuestra meta es la inserción social de los adolescentes, incorporando en nuestra agenda de trabajo el apoyo a los mismos y el compromiso de continuar siendo líderes modelos en la justicia penal especializada. Estamos obligados a impulsar todas las políticas necesarias para proteger el interés superior de los niños y adolescentes, puntualizó la magistrada Alba Luz Ramos.
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