Por Josué Bravo
CORRESPONSAL / COSTA RICA
El juicio contra el Estado y la empresa de capital canadiense que pretende extraer oro en Crucitas llegó este lunes a su final. El miércoles a las 4:00 de la tarde, en el II Circuito Judicial de San José, el Tribunal Contencioso Administrativo dictará sentencia.
Según el abogado Edgardo Araya, representante legal de la Unión Norte por la Vida (Unovida), la parte demandante logró demostrarles a los jueces que integran el Tribunal, irregularidades en el otorgamiento de permisos ambientales desde el punto de vista documental, técnicos y testimoniales.
El juicio contra el estado costarricense y la empresa canadiense Infinito Gold (antes Indistrias Infinito), arrancó el pasado 4 de octubre. Los demandantes son el biólogo Jorge Lobo y la Asociación Preservacioncita de Flora y Fauna (Apreflofas), que tiene como coadyuvante en el proceso a Unovida.
Lo que ambientalistas demandan, es revertir los permisos ambientales otorgados para la extracción de oro en la mina, la cual se ubica a unos tres kilómetros del Río San Juan de Nicaragua y sus aguas podrían ser contaminadas; así como un decreto ejecutivo que avaló la minería hace dos años.
En ese sentido, Araya aseguró haber demostrado irregularidades como el hecho de que el estudio de viabilidad ambiental no corresponde con el de la concesión minera. «Son dos estudios distintos cuando el proyecto es uno», indicó.
Araya también explicó haber demostrado al Tribunal, que la empresa minera cerró un camino público donde estaría una represa de relave, sin cumplir con los procedimientos legales para hacerlo.
Otra irregularidad es en los diagramas de procesos industriales para determinar «lo que se va a producir». Según Araya, esto último no está claro.
También explicó que el decreto ejecutivo que declaró de interés público y nacional a la minería, emitido hace dos años por el gobierno de Oscar Arias, fue otorgado en un sitio boscoso que le permitió a la empresa talar árboles a modo raso, lo cual es prohibido en el país.
«Parece que el gobierno no manejaba que había un bosque allí, pero la empresa sí sabía», explicó.
Crucitas está ubicado cerca del San Juan y ambientalistas de Nicaragua y Costa Rica consideran que el uso de cianuro podría contaminar sus aguas.
El juicio terminó el lunes con las conclusiones de José Manuel Echandi, abogado de los trabajadores de la mina.
