La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) emitió un informe sobre la separación de roles de los militares y las policías en América Latina, a través del cual exhorta a Estados Unidos a dejar de impulsar programas de asistencia que promuevan que los ejércitos latinoamericanos asuman roles policiales. El informe Predique lo que Practica fue emitido previo a la IX conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.
A través del mismo ese organismo señala que, por ejemplo, en la región los militares tenían misiones pacificadoras y junto a las autoridades civiles daban respuesta a los acontecimientos de desastres naturales, sin embargo los índices de criminalidad y la violencia penetrante han llevado a los militares a emprender esfuerzos para combatir el crimen, pandillas y tráfico de droga.
La situación en los países del Cono Sur es similar a la de los de la región centroamericana, como El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, donde, según indica, las constituciones de estos países les dan la posibilidad a los militares de ampliar las tareas de seguridad interna.
Menciona, por ejemplo, que a los militares en Honduras antes de que fuera depuesto el presidente Manuel Zelaya les fue asignado el papel de asistencia contra el terrorismo en la lucha interna de las fuerzas de seguridad pública, así como en el tráfico de armas y contra el crimen organizado.
Un decreto ejecutivo emitido en mayo del presente año determinó que los militares proveerán de fuerzas a la Policía así como de equipo para ayudarles a realizar su funciones. En junio de 2010 un decreto del Congreso de ese país ordenó al Ejército asistir a la Policía en casos de violencia causados por las pandillas y el crimen.
En Guatemala el alto índice de delitos violentos ha llevado a las autoridades a incluir a las fuerzas armadas en el control del crimen y han incorporado aspectos de seguridad ciudadana e investigaciones criminales como parte de su misión.
“Estados Unidos tiene una clara separación entre la utilización de los militares y la utilización de sus agencias de aplicación de la ley de seguridad interna”, según el informe, que señala que “en América Latina, nuestras políticas usualmente fomentan lo contrario: empujan a los gobiernos de América Latina a usar sus militares contra su propia gente”.
La guerra contra el terrorismo, los proyectos de desarrollo interno, las conferencias militares para discutir estrategias contra amenazas internas como las pandillas, los grandes programas como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, asegura el reporte, contribuyen a otorgarle a los militares nuevas tareas dentro de las fronteras, en una región con muy pocas amenazas externas “tradicionales” de defensa.
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