GUATEMALA/ ACAN-EFE
Un tribunal guatemalteco ha ordenado la detención de la costarricense Giselle Rivera, ex investigadora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig ), confirmó ayer una portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien manifestó que la captura fue girada ayer por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, a petición del Ministerio Público (Fiscalía).
Rivera es señalada de los delitos de “patrocinio infiel, doble representación y encubrimiento”, que el Código Penal de Guatemala contempla con penas de cárcel y multas económicas.
La costarricense fue denunciada por la Cicig desde el pasado 18 de octubre de haber revelado a medios de comunicación de su país que el magistrado español Carlos Castresana no cumplió con su mandato y que señaló de delitos a varias personas sin tener pruebas.
Castresana renunció en junio pasado a la Cicig, tras argumentar una campaña de desprestigio en su contra.
La fuente expresó que la captura de Rivera se hará efectiva cuando visite Guatemala. Rivera ha sido propuesta como testigo en el juicio que celebra un tribunal guatemalteco de alto impacto en contra de nueve guatemaltecos, acusados de su participación en el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen), perpetrado el 19 de febrero de 2007.
Según Rivera, quien investigó esos crímenes, una célula de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala se dedicó de manera sistemática a cometer ejecuciones extrajudiciales, al robo de drogas y de dinero producto del narcotráfico. De hecho, los cuatro policías guatemaltecos capturados como autores materiales del asesinato de los tres diputados al Parlacen fueron asesinados el 25 de febrero de 2007 en la prisión en la que fueron recluidos.
En declaraciones a una radio guatemalteca, Rivera aseguró ayer que la denuncia en su contra es para “callarla” para que Guatemala no sepa la verdad de los hechos. Se desconoce si la ex investigadora de la Cicig se va a presentar en Guatemala para declarar como testigo en el proceso que busca esclarecer el crimen de los parlamentarios.
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