Por Eduardo Cruz y Octavio Enríquez
Los ex funcionarios públicos, miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Dámicis Sirias y Lino Hernández Trigueros, regresaron ayer a sus antiguos cargos que dejaron por vencimiento de sus períodos, el primero magistrado judicial y el segundo contralor colegiado.
Ambos ex funcionarios, junto al PLC, avalaron el decretazo del presidente Daniel Ortega, de mantener de manera ilegal en sus cargos a funcionarios con períodos vencidos, así como el gacetazo (edición de la Constitución Política que el diputado sandinista René Núñez mandó a publicar incorporando el derogado segundo párrafo constitucional 201). La decisión de Sirias y Hernández también avala la ilegal permanencia de Roberto Rivas en el CSE.
Por su parte, el magistrado Sergio Cuarezma Terán es el único que se opone a las ilegalidades del orteguismo y a la complacencia del PLC, y que hasta la fecha no ha variado su criterio. Cuarezma ha dicho que mientras subsistan los actos que alteran el orden democrático y constitucional, no se integrará, ya que esto vendría a legitimar lo ilegal y frustrar las expectativas de los nicaragüenses que demandan respeto a la Constitución Política.
El PLC, con la entrada de Sirias, acredita su desventaja frente a los magistrados orteguistas en la CSJ. Además, con el ingreso de Sirias, el PLC consolida la posición ilegal de Solís y Cuadra, además “el PLC, con esa jugada”, lo que hace es “servirle en bandeja” la Corte Plena al FSLN, porque quedarían ocho orteguistas y seis liberales.
USURPADOR DECIDIENDO
Rafael Solís, quien usurpa el cargo de magistrado en la CSJ, dijo que él y la magistrada Alba Luz Ramos (ambos orteguistas) le explicaron a Sirias que si deseaba regresar tenía que hacerlo aceptando tanto el decretazo como la vigencia del segundo párrafo del 201. “Él (Sirias) aceptó”, dijo Solís.
Los magistrados liberales Edgard Navas y Manuel Martínez extrañamente dijeron que desconocían el regreso de Sirias a la Corte. Navas dijo que si el ex magistrado Sirias regresaba era por una decisión personal.
“No significa que necesariamente yo tenga que estar de acuerdo con que lo haga, él (Sirias) lo va a hacer por su propia decisión”, dijo Navas.
El magistrado Martínez negó enfáticamente que Sirias le haya comunicado que iba a regresar, pero explicó que hace dos semanas en el seno del PLC, cuando se inscribieron en el Consejo Supremo Electoral (CSE) para participar en las elecciones del 2011, el partido dio “luz verde” a los ex funcionarios liberales que quisieran regresar a sus cargos.
“Tengo idea de que hace una o dos semanas, cuando se dio la resolución o la decisión de inscribir los partidos políticos ante la convocatoria del Consejo Supremo Electoral, no se ordenó, sino que se dio como quien dice una luz verde para que los funcionarios que desearan reincorporarse se reincorporaran, de manera que posiblemente eso le haya servido de base para tomar una decisión a Dámicis”, dijo Martínez.
Agregó que él desea que además de Sirias, el magistrado Cuarezma también se incorpore a la Corte, y que se elija en la Asamblea Nacional al magistrado liberal que hace falta, porque así se nivela correlación de fuerzas en la CSJ.
DOBLE DISCURSO
Martínez manifestó que él no considera magistrado a Solís. “Yo estoy aquí porque yo soy magistrado, se llegó a la conclusión que entre dos males el menor, pero son males que se pudieron haber evitado”, dijo Martínez sobre la lucha que mantuvo en contra de la permanencia de Solís en la Corte pero que ahora avala.
Lo que “más lamenta” —según Martínez— son los trabajadores liberales de la CSJ despedidos por los orteguistas.
Nueve meses después de su salida de la Contraloría, el liberal Lino Hernández regresó al seno de esa institución y se apegó al decreto ilegal de Ortega que en enero de 2010 ordenó que continuaran en sus puestos aquellos funcionarios cuyos períodos se habían vencido.
Hernández olvidó aquel día cuando aseguró que no quería sentirse usurpador. Pasado mediodía, sin citar a conferencia de prensa, Hernández fue recibido por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República.
Un sonriente contralor de facto Guillermo Argüello Poessy, quien preside la Contraloría distanciado del ex presidente Arnoldo Alemán y apadrinado por Ortega quien lo propuso para reelegirse, le dio la mano a Hernández y lo invitó a trabajar.
En la reunión estuvo también presente el sandinista Luis Ángel Montenegro, a quien Hernández agradeció la forma grata de su recibimiento, “sin cuestionamientos”, dijo. También se reincorporó el contralor suplente Francisco Guerra, de tendencia liberal y quien también había abandonado sus funciones por supuestamente estar en desacuerdo con el decretazo.
“Hay gente de distintos sectores que no estarán de acuerdo con esta decisión, pero de todas maneras es una decisión que hemos tomado, después de madurarla, pensarla; sabemos el costo político que en lo personal vamos a pagar por esto. Hemos estado nueve meses fuera y creemos que los espacios políticos hay que ocuparlos”, defendió Hernández.
Entrevistado por medios oficialistas y con escasa presencia de medios de comunicación independientes, Hernández aseguró que su decisión no se debió a que pasó hambre en estos meses. “Gracias a Dios no ha faltado el pan en mi casa, no es porque tenga dinero que no ha faltado, pero siempre hay una oportunidad y nadie se muere de hambre en esta vida. Es una decisión política que hemos tomado”, reiteró.
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