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El transportar cinco millones de dólares en dos valijas negras de tela sería el móvil que provocó el asesinato de los tres diputados salvadoreños y su motorista, ocurrido el 17 de febrero del 2007, de acuerdo con una investigación hecha por expertos contratados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de las Naciones Unidas , que no fue atendida en ese país.
En una prolongada investigación, un grupo de trece profesionales de varios países dice en sus informes que los diputados transportaban en un vehículo Land Cruiser, placas salvadoreñas 186171, cinco millones de dólares, y que eso lo conocían las autoridades guatemaltecas. El dinero se lo atribuyen al diputado William Pichinte, cuya esposa era la propietaria del vehículo Land Cruiser en el que viajaban los imputados.
El vehículo en el que viajaban los diputados salvadoreños poseía un compartimiento secreto, mandado a construir por sus propietarios, para ocultar cargas que no querían llevarse en lugares convencionales.
Alentados por el dinero, en el crimen habrían participado no sólo los cuatro agentes policiales que fueron acusados y, posteriormente, asesinados en una prisión guatemalteca en condiciones misteriosas, sino también otros funcionarios que caminan libres o que, igualmente, fueron acribillados a balazos o están presos por otras razones, según la investigación.
Según los informes del grupo de investigadores, firmados la mayoría por la fiscal costarricense Gisele Rivera, tras conocer la presencia del dinero, un asesor del ex ministro de gobernación, Carlos Vielman, y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DINC) juntaron a miembros de la Unidad contra el Crimen Organizado de la policía guatemalteca para que interceptaran, y luego asesinaran, a los diputados salvadoreños. Esas operaciones las habrían encabezado el venezolano Víctor Rivera, quien vivió muchos años en El Salvador y montó, en Guatemala, una estructura paralela de seguridad, y Víctor Hugo Soto Diéguez, ex jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales, como se dice en los documentos de la CICIG conocidos por Diario El Mundo.
Esos hombres igualmente sospechaban que en el carro también viajaban 20 kilos de cocaína, lo que alentó, aún más, a importantes autoridades a atentar contra los diputados.
Testimonios recabados por los investigadores también establecen que otros agentes policiales guatemaltecos (además de los asesinados) participaron en el crimen y nunca fueron acusados. Fueron esos testigos los que mencionaron que Soto y Rivera estuvieron junto a los diputados, poco antes de ser ultimados. Soto Diéguez se encuentra preso en Guatemala acusado de participar en ejecuciones extrajudiciales de reclusos de la cárcel de Pavón. Rivera fue asesinado en 2007 en la ciudad de Guatemala, poco después de reunirse con periodistas de ese país y confesarles que llevaba consigo secretos oficiales.
En la investigación que no se apoyó en la CICIG también se involucran con esos hechos al ex ministro de gobernación, Carlos Vielman; al antiguo jefe de la policía de Guatemala, Edwin Sperissen, y al subjefe de ese cuerpo, Víctor Figueroa. Por los caminos que recorrieron los investigadores de la CICIG, Vielman y la alta estructura de las autoridades de ese país estuvieron detrás del “tumbe” de dinero que se habría producido.
Los investigadores comenzaron su trabajo en abril del 2007, luego conectaron otros casos como las muertes en las cárceles de Pavón e “Infiernillo”, además de otros hechos delictivos como la muerte de los diputados salvadoreños.
Todas las pesquisas los llevaron a concluir que los casos vinculaban, entre sí, a importantes personajes del principal aparato de seguridad de Guatemala. Cuando arrancaron las investigaciones, recibieron el apoyo del ex comisionado Carlos Castresana, como lo dicen, pero luego se sintieron abandonados por el penalista español.
Eso produjo una serie de renuncias que finalmente desarticuló buena parte del grupo examinador de la CICIG, según lo confirmó El Mundo.
En Guatemala se juzga, actualmente, a un ex diputado guatemalteco, Manuel de Jesús Castillo, y al ex legislador salvadoreño, Roberto Silva, acusados de unirse para dar muerte a los diputados salvadoreños ante el Parlacen.
El tema del dinero atribuido a Pichinte lo preguntó Diario El Mundo al ex jefe policial Rodrigo Ávila. El ex funcionario dijo a El Mundo: “es que Pichinte llevaba dinero. ¿Qué tanto? no lo sé. ¿Un millón? No lo sé. Supuestamente iba a comprar unas propiedades en Guatemala. Él estaba haciendo negocios en ese país. Él llevaba un ataché, pero no sé cuánto dinero llevaba”.
Para la costarricense Gisele Rivera, las referencias al dinero obligaban a prolongar las investigaciones hacia El Salvador, principalmente por los testimonios que recibieron, que fijaban las miradas en Pichinte y sus negocios.
Para el grupo investigador de la CICIG, en El Salvador se encontraban muchas de las claves para descifrar el asesinato de los tres diputados al Parlacen y su motorista. El problema es que les cerraron las puertas oficiales, supuestamente por orden de Castresana.
Los diputados salvadoreños y su conductor fueron secuestrados cerca del centro comercial La Pradera, de la ciudad de Guatemala. Posteriormente fueron asesinados y calcinados en una finca localizada en el kilómetro 25 de la carretera que conduce hasta Santa Elena de Barillas.
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