Ante la falta de información sobre el impacto económico de la violencia contra las mujeres en el país, el Movimiento María Elena Cuadra, como organización defensora de derechos económicos de las mujeres, se ha propuesto efectuar el próximo año un estudio de cuánto le cuesta al Estado la atención de este problema, así como cuánto le cuesta a las víctimas el acceso a la justicia en estos casos.
Sandra Ramos, del movimiento, indicó que mucho se habla de violencia intrafamiliar y sexual, pero no se abordan los otros tipos de violencia como la patrimonial, el acoso, abuso, chantaje psicológico y laboral, que también se registran en el país.
Recordó Ramos que en el pasado fueron muchos los problemas que tuvieron en las zonas francas y el Movimiento María Elena Cuadra fue el primero en atender este fenómeno que se presentaba en los centros de trabajo.
“Que no sólo sea un asunto de salud pública, sino de impacto económico en la vida de las mujeres”, dijo Ramos, quien mencionó que hasta la fecha tampoco se ha evaluado el impacto del femicidio; por ejemplo, quién atiende a los hijos de las víctimas.
Ramos anunció que tres mil mujeres marcharán el 18 de noviembre hacia la Asamblea Nacional, para demandar a los diputados que el anteproyecto de ley sobre violencia contra las mujeres, introducido ante el Poder Legislativo en días pasados, pase a comisión y sea aprobado de forma rápida.
Según Ramos, tan importante es ratificar la soberanía de Nicaragua en el río San Juan como “la soberanía de nuestros cuerpos y el derecho de vivir una vida libre de violencia; es importante que el Estado ponga este asunto en igualdad de condiciones”.
Socorro Silva, coordinadora de la Red de Mujeres Contra la Violencia, por su parte anunció que esa organización impulsará la jornada 25 de noviembre en contra de la violencia contra las mujeres, la que incluye una marcha en esa fecha, que es dedicada al Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
El presidente de la comisión de Justicia, el diputado liberal José Bernard Pallais, manifestó que la denuncia de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres requiere de una amplia consulta, que es lo que pretenden hacer, para “investigar bien qué es lo que está pasando”.
Pallais estima que será hasta el próximo año que puedan aprobar el citado anteproyecto, pues tienen que actuar con responsabilidad.
Según la Red de Mujeres Contra la Violencia, en lo que va del año 82 mujeres han sido asesinadas por personas cercanas a ellas. Y según un estudio reciente, hasta septiembre de 76 mujeres asesinadas sólo siete de sus agresores han sido condenado.
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