“La situación de la violencia contra las mujeres en Nicaragua es mucho más preocupante de lo que en un principio pensábamos que se encontraba”, aseguró María Victoria de Pablo, integrante de una misión internacional que investiga el acceso a la justicia que tienen las mujeres víctimas de violencia en Mesoamérica.
María Victoria de Pablo, considerada especialista en el tema de la violencia contra las mujeres, integra la misión en representación de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española. La comisión internacional también está conformada por Roxana Arroyo, consultora internacional en derechos humanos; Julia Monárrez, científica sobre el fenómeno de feminicidio en Ciudad Juárez, México; y Yolanda Hernández, presidenta del Consejo Indígena Mesoamericano.
Mencionó Monárrez que entre los casos que conocieron en Nicaragua está el de una mujer que fue mutilada. “Ésa es una violencia que se comete después de que ha sido un cúmulo de violencia (física y psicológica)”, destacó.
La experta mexicana añadió que “hay figuras hipermasculinizadas en la sociedad nicaragüense, como son los militares y las fuerzas policíacas. Ellos al verse envueltos en algunos hechos violentos utilizan la fuerza corporativa para cambiar la escena del crimen y borrar las evidencias”.
La misión internacional sostuvo contactos no sólo con víctimas de violencia, sino con funcionarios de instituciones del Estado. Y como conclusión preliminar indicaron que observaron desajustes en algunos fallos de los cuales conocieron y apreciaron que se requiere un cambio de mentalidad.
“Porque por mucho que se cambien las leyes, éstas no cambian la mentalidad de los jueces, las leyes no cambian la mentalidad de los policías, las leyes no cambian la mentalidad de los fiscales y si, esa es mentalidad es patriarcal y se interpreta la ley desde esa mentalidad patriarcal, el resultado será injusto”, sostuvo De Pablo.
Indicaron las integrantes de la misión que en un informe esperan incluir recomendaciones como la profesionalización de jueces y magistrados en materia de género. Además, aconsejarán la instalación de juzgados especializados con competencia, tanto en lo civil como en lo penal, para atender casos de violencia y puedan emitir una serie de medidas restrictivas, que permitan brindar seguridad física a la víctima.
También harán sugerencias al sistema judicial, en el sentido que la víctima de cualquier delito tenga capacidad de ejercer la acusación en igualdad de condiciones con el fiscal, durante el proceso penal.
Destacaron que también se necesita una ley especial integral que contemple no sólo penal, sino que también ayuda económica para la víctima de malos tratos, entre otros.
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