El Consejo Supremo Electoral de facto dio el banderín de inicio para las próximas elecciones presidenciales de 2011, sin embargo, los partidos políticos y organismos de la sociedad civil no ven a esta institución confiable para que audite los votos de los nicaragüenses.
“Nosotros vemos que lo que está haciendo es un proceso electoral diseñado para reelegir a Daniel Ortega, violando la Constitución y, por consecuencia, es un proceso ilegítimo, carente de ningún reconocimiento”, dijo el diputado José Pallais.
Acto seguido expresó que los nicaragüenses ni los organismos de observación internacional deben permitir las intenciones de Ortega, al pretender instaurar una dictadura.
Afirmó que todas las acciones del Consejo Supremo Electoral están basadas en una cadena de ilegalidades que no le permitirán tener ningún tipo de credibilidad a la hora de contar los votos.
“Lo que queremos es cambiar a esta institución (el CSE), pues es fundamental para que la democracia tenga una posibilidad de elegir y que ese voto que el nicaragüense deposite en las urnas, cuente”, afirmó Pallais.
- El día de ayer la Alianza por la República se reunió con sus bases del departamento de Managua, donde analizaron el panorama electoral.
Hemos platicado con don Fabio Gadea y con el doctor Arnoldo Alemán. Tenemos hasta el mes de marzo para analizar cuál es el mejor candidato para Nicaragua, dijo Canales.
Asimismo, indicó que estén o no estén de acuerdo con los que están convocando a las elecciones de 2011, ellos deben participar en la contienda, para no perder la personería jurídica.
El Apre cuenta con 114 mil afiliados en todo el país, y en Managua con 45 mil electores, dijo Canales.
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NO QUEREMOS TURISMO ELECTORAL
Además, comentó que “es necesario para lograr la legitimidad de las próximas elecciones que hayan observadores nacionales e internacionales”.
Agregó que si se mantiene este contexto, donde Ortega violenta a como quiere la Constitución, no es conveniente que vengan observadores a realizar turismo electoral.
“Vamos a exigir que sea una observación masiva, y sobre todo temprana. Es decir, que vengan antes de las elecciones, pues el fraude no se construye el día de las votaciones, sino con todas la acciones ilegales que han venido sucediendo en meses anteriores, con el fin de lograr la reelección de Ortega”.
“No vamos a permitir que sólo vengan a pasear el día de las elecciones, ya que más bien es riesgoso que los organismos de observación validen un proceso que se ha visto viciado desde un inicio”, dijo Pallais.
UNIÓN EUROPEA Y OEA OBSERVARÁN
Por su parte Edmundo Jarquín, del Movimiento Renovador Sandinista, dijo que es necesario que estas elecciones sean observadas y no “acompañadas”, como lo afirma el presidente del CSE, Roberto Rivas.
“El gobierno le ha dicho a la Unión Europea (UE), a la Organización de Estados Americanos (OEA) que los van a invitar para que haya observación internacional, a lo que están cerrados es a la observación nacional”, dijo Jarquín.
Afirmó que estas organizaciones están a la espera que el Gobierno oficialice la observación internacional.
“El Gobierno no se puede arriesgar a realizar elecciones sin observación, ya que serían carentes de legitimidad a nivel internacional, y Ortega no querrá correr ese riesgo”, dijo el miembro del MRS.
Asimismo expresó que tanto Roberto Rivas como el resto de magistrados del CSE, no son funcionarios idóneos, y eso lo sabe Ortega.
“Con los funcionarios actuales no habrá una elección creíble, de modo que en algún momento o a finales del año tendrá que haber una negociación sobre eso”, señaló.
“Me parece evidente que ni la pretensión de Daniel Ortega de mantenerlos a todos, ni la pretensión de Metrocentro II, de cambiarlos a todos, es viable, entonces en cualquier momento habrá que haber una negociación, que ojalá sea lo más democrático y transparente posible”, dijo Edmundo Jarquín.
“EL PROBLEMA ES DE RAÍZ”
Luisa Molina, enlace de la Coordinadora Civil, afirmó que en este momento no hay un respeto a la constitucionalidad, y el problema está en la raíz, ya que la mayoría de la población no cuenta con un documento de identidad.
“La población va a las oficinas de cedulación, pero no hay trámite para el documento, y eso va a ser un problema a la hora de las votaciones”, dijo Molina.
El diputado José Pallais calificó a este proceso electoral como excluyente, ya que el Consejo Supremo Electoral no está emitiendo cédulas a los miembros de la oposición, sólo a los partidarios del gobierno de turno. El enlace de la Coordinadora Civil, Luisa Molina, expresó que también hay violación a la Constitución, pues los magistrados son funcionarios de facto.
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