“El mercado nicaragüense está cartelizado”

Aun año de haber empezado a funcionar formalmente, el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) apenas comienza a hacerse sentir entre el sector privado como autoridad, para promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, y garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores.

Es una entidad casi recién estrenada, pero con grandes facultades, porque se supone que debe hacer desaparecer acciones monopólicas u oligopólicas que según Luis Humberto Guzmán, el presidente de Procompetencia, controlan el mercado nicaragüense.

Admite que no escapará de sufrir presiones de los grupos de poder económicos y políticos, cuando se toquen los intereses del gran capital, como los bancos y las empresas telefónicas.

Fue presidente de la Asamblea Nacional en 1995 y es un político demócrata cristiano, cuyo partido es aliado del gobernante Frente Sandinista (FSLN).

El instituto tardó en funcionar, ¿por qué?

Llevó tiempo que la Asamblea finalmente confirmara los nombramientos propuestos por el presidente (Daniel) Ortega. Entonces, la entidad formalmente cumplió un año, en julio de este año, de estar constituida. Operando es un poquito menos, porque llevó tiempo constituirnos, pero en efecto Procompetencia es nuevo, y es una especie de tribunal administrativo encargado de regular la conducta de los agentes económicos. Tiene una naturaleza autónoma, en el sentido que sus autoridades son propuestas por el Presidente de la República y confirmadas por la Asamblea Nacional.

¿Qué sanciones pueden establecer?

Las resoluciones que tomemos son de obligatorio cumplimiento. Las sanciones que nosotros tomamos son fundamentalmente pecuniarias. Son sanciones económicas, son multas. Pero si una entidad no quiere pagar la multa entonces tiene varias consecuencias, lo primero es que no puede hacer tratos con el Estado.

¿La ley establece un máximo de la multa?

Son multas que tienen relación y proporción con el daño que se determine. Pueden ser incluso superior al millón de dólares, o sea que son de una cuantía relevante. Quiero decirle que el propósito de Procompetencia no es usar las multas, porque en mi opinión deben tener un carácter disuasivo. Los agentes económicos debieran acogerse a las conductas que la ley establece.

¿Qué tipo de investigación realizan para identificar las prácticas anticompetitivas?

Hay distintas maneras de investigar. Si operamos por denuncia, entonces las partes deben aportar las pruebas. En el caso de Nicaragua tenemos una situación singular. Hay empresas que uno puede decir si la juzga ingenua o si la juzga cínica, pero hay unas empresas que han confesado que han constituido cárteles.

¿Casos?

No puedo mencionarlos en este momento, porque probablemente van a ser objeto de investigación de parte nuestra de oficio, pero hay unas empresas que no solamente se han coludido, sino que presumen de la colusión.

¿Las tienen identificadas?

Absolutamente. Incluso ellos lo han dicho. Por entrevistas para informarnos de cómo opera un sector, ha habido gente que abiertamente ha hablado que han puesto fin a una guerra de precios. Nos han dicho “había una anarquía de precios y le pusimos fin”, coludiéndose para fijar un precio. Evidentemente ésa es una confesión. Se ha hecho exploración del mercado y además se han hecho estudios. Además se puede ver que si tres agentes económicos tienen un mismo precio a lo largo del tiempo, pues se tiene una primera base para presumir que ahí existe una colusión.

¿Han hecho estudios en el mercado que comprueben que el consumidor en Nicaragua está pagando un precio que no debería por un bien o servicio?

Sí, hemos hecho investigaciones de mercado que permiten confirmar que el mercado nicaragüense está muy concentrado y en muchos casos cartelizado.

¿Qué significa eso?

Cartelizado para Procompetencia quiere decir que los agentes económicos en vez de competir entre ellos, en vez de que haya rivalidad en el precio y tratar de captar clientes sobre la base de mejor calidad y mejor precios, han decidido constituir un cártel, es decir coludirse para mantener un mismo precio por una misma calidad en perjuicio de los consumidores. Esto tiene una repercusión importante en la canasta básica; aún no hemos concluido el estudio que estamos realizando, pero se puede presumir que la canasta básica en Nicaragua está sobreestimada en un 40 por ciento a causa de los cárteles.

¿Cómo podrán revertirlo?

Bueno, vamos a concluir el estudio e inevitablemente no nos quedará más que actuar de oficio, sin perjuicio que si hay una denuncia va a ser acogida. Pero repito, aquí hay una situación grave, escandalosa si se quiere, porque aquí no solamente hay colusión, sino que se saca pecho en decir “sí estoy coludido”. Hay que percatarse de una cosa, un sinceramiento de los precios de la canasta básica equivaldría casi a un incremento de sueldo de 40 por ciento. Incluso, este sinceramiento abriría la dinámica de consumo que aumentaría las utilidades de las empresas de una manera legítima.

¿Sabe de la gran expectativa que se está creando sobre Procompetencia?

Sí, y asumo las consecuencias. Pero el punto es que esto es una necesidad de la sociedad nicaragüense. Tengo declaraciones del presidente del Banco Central, quien nos ha dicho que la macroeconomía del país va bien, y creo que tiene razón. El país está creciendo en exportaciones, en fin, es un momento de expansión, pero el ex presidente del Banco Central, Mario Arana, en un informe del Funides dice que la economía debe crecer hacia adentro también, y tiene razón.

¿Cuáles son los principales obstáculos?

Precisamente son los cárteles que impiden el desarrollo y crecimiento de las Pymes. El clima empresarial no solamente se puede medir por la relación de las empresas con el Gobierno, sino que también hay que medirlo por las conductas competitivas y anticompetitivas de las agencias. Esto se manifiesta en los grandes consorcios perjudicando a pequeñas empresas. Un tema del que nos hemos ocupado ahora mismo es cuando se trata de exclusiones en el mercado licorero. Hay pequeñas empresas licoreras en Nicaragua que han sido expulsadas de las fiestas patronales, que no se les permite ofrecer ahí sus productos, y esto en alguna medida se debe a una falta de cultura de competencia. A veces esas prácticas anticompetitivas han recibido el respaldo de alcaldías, de la Policía Nacional diciendo; “no señor usted no puede instalar aquí, aquí hay un derecho exclusivo”, y eso está prohibido en la Ley de Competencia.

Pero la Alcaldía puede decir que decide sobre eso..

Pero no tiene la potestad, ése es el punto. En Nicaragua, desde el Gobierno del ex presidente (Arnoldo) Alemán, se dictó una ley que prohibía la representación exclusiva y la distribución exclusiva también está prohibida en términos generales en la Ley de la Promoción de Competencia. Esto se trata de conductas prohibidas porque hace un perjuicio a los consumidores.

¿ No ambiciona demasiado en querer ordenar el mercado?

Vamos a hacer la parte que a nosotros nos toca, pero es una tarea de todo el país. El tema de una competencia justa, de un comercio justo, es un problema implícito del desarrollo del país y de reducción de desigualdad que hay en la sociedad nicaragüense, y es un problema latinoamericano. Las sociedades latinoamericanas son conocidas mundialmente como las más desiguales del mundo, y un factor que ensancha la brecha entre pobres y ricos es ese mecanismo de la cartelización de la economía que expulsa a las Pymes y castiga al consumidor.

¿Sabe que tendrá una presión fuerte del capital y políticamente incluso, sobre las resoluciones que tomen?

Aquí es donde se le debe reclamar a los agentes económicos una actitud congruente. No pueden por un lado reclamar Estado de Derecho y por el otro querer intervenir en el proceso político para resolver al margen del derecho sus disputas legales. Ése es un punto que hay que hacerles ver. En lo que a Procompetencia respecta, y en esto puedo hablar por todo el Consejo Directivo, es que la determinación que tenemos es de aplicar la ley. Aún con las consecuencias que tenga, porque el país necesita de un mecanismo que reduzca las ventajas obscenas que tienen hasta ahora los cárteles de la economía castigando a los consumidores.

El caso de más atención es el de los bancos, por acordar el interés de las tarjetas de crédito, pero se le ha tratado de desligitimar a Procompetencia, incluso usando los tribunales…

El Tribunal de Apelaciones, en mi opinión, pudo no haber acogido ese recurso porque no habían llenado el requisito esencial, que es haber agotado la vía administrativa, pero en última instancia el pronunciamiento sobre ese tema lo debe dar la Sala Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia). Es legítimo que las partes traten de defenderse, lo comprendo, pero lo que digo es que hay que tener una actitud congruente. No se puede pedir Estado de Derecho por un lado y por otro estar tratando de influenciar el proceso político para resolver un problema al margen del derecho.

Pero incluso la Superintendencia de Bancos le quiso restar facultades…

Yo creo que en esto puede haber un problema de interpretación y comprensión sobre una misma norma. No voy a decir que haya maldad de parte de otra entidad estatal. Lo que sí he señalado es que los bancos en alguna ocasión se fueron de amparo en contra de la Superintendencia, ahora van en contra de Procompetencia, entonces uno se pregunta si estas entidades están por sobre el Estado de Derecho en Nicaragua. Evidentemente no.

El amparo es sólo para cinco bancos, pero la investigación sobre el BDF y Asobanp continúa. ¿En cuánto tiempo resolverán?

Ya va transcurriendo. Probablemente estemos a la mitad del período de prueba.

El fallo será un precedente importante…

Estoy consciente de las implicaciones que eso tiene, pero repito que la voluntad del Consejo Directivo es aplicar la ley.

¿No teme que se les empantanen los casos mientras la Corte resuelve?

Ese riesgo existe. Hay que enfrentarlo. Por otro lado, la ley establece que el amparo se usa cuando la vía administrativa está agotada; vale decir cuándo aquí se ha dictado una resolución definitiva en este tribunal administrativo. Éste es un problema en el cual Procompetencia es sólo una de las partes. El país requiere de una política de competencia y que también la sociedad se apropie de ésta. Desgraciadamente ahí nos encontramos en un nivel muy elemental. Hay consumidores que me han dicho, “bueno, y ¿por qué no se van a poner de acuerdo los agentes económicos si es sano para ellos?”. Pero es perjudicial para los consumidores, para la economía. Creo que tenemos que trabajar bastante fomentando una cultura de competencia, y esto es fundamental en la sociedad si queremos avanzar en la reducción de la pobreza, si queremos que las Pymes finalmente florezcan, entonces tenemos que aplicar la Ley de Promoción de la Competencia con firmeza.

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