Por Ludwin Loáisiga López
La embajdora de Finlandia en Nicaragua, Eija Rotinen, dijo esta mañana que su país tiene el deseo y considera «muy importante» que las elecciones presidenciales de 2011 sean observadas por organismos locales que tengan la confianza de los ciudadanos.
Rotinen participó en la inauguración de la nueva sede de la organización Ética y Transparencia, la cual fue financiada por Finlandia.
«Conocemos que el próximo año serán las elecciones presidenciales y nuestro deseo es que sean observadas por las organizaciones nacionales y esperamos que este (nuevo) edificio sea de mucha utilidad en ese proceso», indicó Rotinen durante su discurso.
Luego, en declaraciones a los medios de comunicación, expresó que sería «negativo» para los nicaragüenses que se impida la observación a algunas organizaciones.
Rotinen aclaró en todo momento que para Finlandia y la Unión Europea es muy importante que las elecciones «sean para los nicaragüenses».
«Sí, nosotros creemos en la observación electoral (…) yo no podría elegir las organizaciones (que participarían), pero organizaciones que tengan confianza de los nicaragüenses, eso sería importante», destacó Rotinen.
La diplomática manifestó que la observación electoral «en muchos casos es necesaria y me parece que los nicaragüenses piensan así, eso es importante».
El Consejo Supremo Electoral (CSE), al mando de magistrados de facto, convocó ayer a los comicios presidenciales de 2011, provocando protestas entre algunos partidos políticos, quienes denunciaron que los funcionarios ya cumplieron con los cinco años para los cuales habían sido escogidos en el Parlamento.
Los magistrados de facto han acusado a Ética y Transparencia, así como al Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), de no ser objetivos en sus análisis, por lo cual no serían invitados a acompañar el proceso electoral de 2011. Ambas organizaciones han efectuado observación electoral en diversos comicios.
Tanto Ética y Transparencia como el Ipade denunciaron las anomalías ocurridas en las elecciones municipales del 2008, que son calificadas como fraudulentas por diversos sectores, incluida la Iglesia Católica.