El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) oficializó ayer su renuncia a los acuerdos Metrocentro I y II, que firmó hace meses junto con otros partidos opositores y organismos de la sociedad civil.
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La semana pasada, el PLC sostuvo un encuentro con la dirigencia del Partido Conservador (PC). Sin embargo, el presidente de esta organización, Alejandro Bolaños Davis, negó que las conversaciones giren sobre una alianza política a corto plazo.
Bolaños Davis aseguró que, a pesar de que las pláticas buscan alcanzar la unidad de todas las fuerzas de oposición, no existe nada en firme para que ellos suscriban de forma oficial una alianza con los liberales constitucionalistas, aunque dijo que es bueno que el PLC vaya por ese camino.
Expresó que esa unidad, pasa porque se incluyan a otros partidos y movimientos, y adelantó que para el próximo viernes el PC tiene prevista una reunión con el precandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla, como parte de ese proceso.
Sobre la salida del PLC de Metrocentro I y II, dijo que es distinto a la unidad que pretenden impulsar, ya que en el caso de la elección de los funcionarios públicos, es una situación que debe resolverse para no caer en un estado de ingobernabilidad, lo que implica quitar posibles vetos que se establecieron en esos acuerdos.
Bolaños Davis enfatizó que la oposición no tiene la fuerza para doblegar al gobernante Frente Sandinista, en aras de no reelegir a funcionarios, sobre todo del Poder Electoral, que se encuentran altamente cuestionados por los fraudes en los dos últimos procesos electorales; pero que al final, si se mantiene el veto, la ilegalidad en las instituciones será permanente. Si el Frente Sandinista insiste en esos candidatos que hicieron fraude, que sean ellos los que “carguen ese costo político”, dijo.
En el llamado a la formación de la gran unidad nacional, el PLC señala que además de sus aliados actuales, los que estén interesados en sumarse a ese esfuerzo deben de hacerlo. Pero el PLC no acepta que algunas organizaciones y movimientos políticos soliciten que Arnoldo Alemán deje de ser candidato presidencial.
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Al distanciarse de esos acuerdos, los líderes del PLC culparon al diputado Eduardo Montealegre y al precandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla.
El secretario de organización del PLC, Francisco Aguirre Sacasa, leyó un comunicado en que señalan que el cierre de la etapa de Metrocentro —en que se comprometían a no reelegir a ningún magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE)— se debe al incumplimiento de varios de los objetivos por los que fueron suscritos esos acuerdos.
Uno de los argumentos del PLC son las recientes declaraciones de Gadea Mantilla, de que no descarta participar en el proceso electoral del 2011, a pesar de la ilegalidad de los actuales magistrados del CSE, porque “no hay otro palo en que ahorcarse”.
El PLC también acusa a Eduardo Montealegre de mantener un “espíritu disociador”, con el que hizo “abortar” el proceso de elecciones primarias interpartidarias, cuyo garante sería la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la que renunció a esa responsabilidad por las diferencias entre los representantes de los distintos partidos y movimientos políticos, que se habían inscrito en el proceso.
El PLC toma como base declaraciones de Montealegre, que supuestamente violan los acuerdos de Metrocentro “al anunciar la reelección de Roberto Rivas si estuviera en minoría”, y en las que habría solicitado de manera pública un encuentro con el presidente Daniel Ortega, para impulsar una negociación unilateral.
Otro de los considerandos del PLC, para retirarse de Metrocentro, es que la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) violentó de manera reiterada los compromisos de unidad, armonía y una agenda legislativa común para defender la democracia, además de pedir la exclusión de Arnoldo Alemán de los esfuerzos por concertar la unidad de las fuerzas democráticas.
Desde hace días se comenta en el parlamento la posibilidad de que el PLC haya hecho un acuerdo político con el gobernante Frente Sandinista, para elegir a 25 funcionarios públicos, incluidos los magistrados del CSE, dejando al margen a las otras bancadas en la Asamblea Nacional.
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