CORRESPONSAL / RIVAS
- Moisés Abraham Miranda Moya, responsable de adquisiciones y servicios administrativos del Poder Judicial en Rivas, dijo que cuando este Poder del Estado, rentó el local sólo tenían un Juzgado Único de Distrito y luego se ampliaron, por lo que la CSJ tuvo que invertir en esa ampliación “ y lo que nos llevamos es lo que la Corte ha comprado”.
Miranda dijo que del último mes ocupado todavía le quedan 300 dólares a favor de Lacayo Marenco “puesto que inicialmente se le dio un depósito de mil 200 dólares y como no le hemos hecho ningún daño a la propiedad, entonces sólo le tenemos la diferencia del arriendo mensual” (que era de mil 540 dólares).
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El señor Carlos Lacayo Marenco, representante legal de cinco familias propietarias del conocido edificio Carlos Lacayo, de Rivas, se quejó de que funcionarios de la Corte Suprema de Justicia dejaron prácticamente desmantelado ese inmueble y estima que las pérdidas superan los 400 mil córdobas.
En ese lugar, por 14 años funcionaron las oficinas y las salas judiciales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Es una barbaridad que sea la Corte Suprema de Justicia el peor inquilino que yo haya tenido en este local, puesto que no se han apegado al contrato que ellos firmaron y por el contrario me causaron destrozos a toda el área del edificio que arrendaron, dañaron todo el sistema eléctrico, no dejaron ni una sola lámpara, se llevaron los apagadores, los tomacorriente, las cerraduras de las pocas puertas que dejaron, se llevaron varias puertas y destrozaron el cielo raso del techo, me dejaron sólo escombros y basura”, precisó molesto Lacayo Marenco.
Aseguró que el contrato de arriendo, que era renovable cada año, desde 1995, detallaba en una de sus cláusulas que la CSJ estaba obligada a mantener el inmueble en buen estado y que al momento de rescindir del contrato debía entregar el local, tal como lo recibieron “e incluso cualquier mantenimiento o mejoras que hayan hecho al local debían dejarlo en el inmueble y no causar esos destrozos que me hicieron en la propiedad donde se llevaron hasta los fusibles de los paneles eléctricos”.
DAÑOS SUPERAN LOS C$400 MIL
Lacayo Marenco recurrió a un ingeniero eléctrico para que hiciera el presupuesto para reparar los daños al techo, servicios sanitarios, ventanales y el sistema eléctrico —que fue destrozado y sustraído— y estimó que la inversión podría ser de unos 404 mil 413 córdobas.
Indicó que desde el pasado 16 de agosto remitió una carta a la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, y a Ligia del Carmen Rivas Peña, presidenta del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción Sur de Granada, con una copia de un vídeo de cómo quedó el local, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta, por lo que decidió romper el silencio.
LE CANTAN CERO
Lacayo dijo que ha querido abrir un proceso judicial para cobrar los daños y hacer que la CSJ cumpla con el contrato que suscribió, pero aseguró que ha buscado a cuatro abogados y ninguno ha querido llevarle la causa, “pues dicen que temen que después la Corte tome represalias con ellos y les quiten la licencia, y sólo me dicen que me pueden asesorar”, comentó.
Aseguró que la CSJ le adeuda 362 mil 490 córdobas, que en 1995 se comprometieron a pagarle cuando entonces era presidente de ese Poder Judicial Orlando Trejos Somarriba “y cuando el dólar estaba a ocho córdobas con unos centavos y es la fecha y tampoco me han pagado ese dinero. Y por todas estas razones no les recibí el local, porque me lo tenían que entregar a como nosotros se los dimos cuando empezaron a alquilar”.
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