Tomado de EL UNIVERSAL
Caracas, Venezuela
El proceso de expropiaciones que el gobierno de Hugo Chávez inició hace ya unos años sigue su marcha, como una vía para desmontar el modelo productivo con capital predominante privado.
A tres años para que venza la primera etapa del Proyecto Nacional Simón Bolívar, también conocido como el Primer Plan Socialista, el Ejecutivo venezolano ha reforzado una política que permite que las tradicionales propiedades privadas sean sustituidas por Empresas de Producción Social (EPS), entes que en el documento son llamados el “germen y camino hacia el socialismo del siglo XXI”.
- El sector empresarial venezolano introducirá ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una “acción de protección de los derechos económicos”, informó Noel Álvarez, presidente de Fedecámaras.
Tanto el discurso oficial, tras los resultados electorales del 26 de septiembre, como las recientes expropiaciones decretadas por la administración de Hugo Chávez, han confirmado el peor de los escenarios para los empresarios: el Gobierno nacional no variará su postura contra la iniciativa privada.
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El presidente Chávez señaló hace días que la propiedad privada no era mala en sí misma, al menos no la pequeña propiedad.
“La propiedad grande debe ser propiedad patria, propiedad social. Hay que acabar con los oligopolios, los monopolios, la concentración de la propiedad en pocas manos, es la propiedad burguesa pues”, manifestó el mandatario venezolano.
Chávez señaló que su administración quería convertir al pueblo en propietario. El programa sirvió de marco para la entrega de títulos de adjudicación de unas tierras en el estado Aragua a un grupo de consejos comunales, a cuyos representantes advirtió que no podrían disponer de esas propiedades, o al menos no venderlas.
EMPRESAS ESTATIZADAS SE DETERIORAN
Para el profesor del IESA, Abelardo Daza, una parte esencial del proyecto de desarrollo que adelanta el Gobierno de Venezuela está relacionado con la intervención de las actividades productivas. “La interrogante es si eso es un fin en sí mismo”, señala, al tiempo que no descarta que poco a poco se registren desmejoras en la productividad de las empresas estatizadas.
“Hay sectores que muestran un fuerte deterioro con respecto a su comportamiento con la administración pasada. Ahí están las primeras señales. Éste es un tema que no es inmediato”, indicó.
Aseguró que las previsiones de desmejoras en las empresas se basan en lo que ha ocurrido en el pasado, y citó el ejemplo de Cantv. “Pasó como una década desde su nacionalización. El deterioro no es automático y este proceso apenas tiene tres años y medio en la práctica”.
ESTADO DEBE A EXPROPIADOS
De acuerdo con cálculos de la firma Ecoanalítica, las expropiaciones le han costado al Estado venezolano 25 mil 215 millones de dólares, pero hasta el momento sólo ha reconocido poco más de un tercio de esas deudas. En esa cuenta no están incluidas las últimas movidas nacionalizadoras que afectaron a Agroisleña, Venoco y Fertinitro.
Queda pendiente pagar a los dueños de las cadenas Éxito y Hilton (US$720 millones), las empresas cementeras (US$1,900 millones), Sidor (US$900 millones pendientes por pagar de la indemnización total por US$1,970 millones), las petroleras Exxon, Conoco y Eni (US$7,250 millones), las contratistas petroleras (US$1,950 millones), las petroquímicas (US$620 millones), las contratistas de CVG (US$1,300 millones), Cargill (US$5 millones) y Gold Reserve (US$1,900 millones).
Ahora se suman tres empresas más al ya extenso conglomerado de compañías estatales: Agroisleña, Venoco, Fertinitro. El mecanismo, al igual que ha sucedido en otros casos, fue el de las expropiaciones.
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