Familiares de Miguel Ángel Urbina Blanco y Miguel Ángel Urbina Alvarado, hijo y padre respectivamente, denunciaron que a raíz de las investigaciones que la Policía realiza en contra de éstos, por los delitos por separado, de crimen organizado y lavado de dinero, han sido objeto de persecución y de supuestas llamadas telefónicas a través de las cuales les piden altas sumas de dinero.
Mauricio Urbina y Mercedes Urbina, parientes de ambos, sostuvieron que en llamadas a sus números celulares, personas extrañas les piden sumas de dinero de hasta 10 mil dólares a 15 mil dólares.
- El jueves la jefa de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, salió al paso a los reclamos que hacen de supuestas anomalías en el proceso investigado en el autolote Diriangén.
Y agregó que hay otro caso por lavado que la Policía investigó a Miguel Urbina, por el cual ocuparon los 24 vehículos, propiedad de Miguel Ángel Urbina, que han sido puestos a la orden de la Fiscalía.
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Mientras Martha Geovania Blanco Muñoz, madre y cónyuge de los señalados, reclaman la devolución de bienes que les fueron ocupados en la investigación que incluye 24 vehículos, el local del autolote Diriangén, y una casa ubicada en el condominio Estefanía.
El abogado Francisco Fletes, que representa a los indagados, señaló que en la acusación que hizo el Ministerio Público, en Acoyapa, no especifica cuál es la relación con otros detenidos por narcotráfico y fue la causa fundamental para que la juez de Audiencia de Acoyapa ordenara el archivo de las diligencias.
En su momento autoridades policiales explicaron de forma extraoficial que el autolote Diriangén era utilizado supuestamente para lavar dinero proveniente del narcotráfico y lo vinculaba con otro sospechoso Marti Downs, que también fue acusado por crimen organizado en Acoyapa. Downs, oriundo del Atlántico Sur, tiene antecedentes en tráfico de drogas, pero nunca ha permanecido encarcelado. El abogado Fletes reiteró que las autoridades “no han sabido decir en qué consisten las pruebas para decir que existía ese delito”. Al tiempo que manifestó que sus clientes “hasta donde sé, no tienen ninguna relación ni familiar o de ningún tipo con Downs”.
Urbina Alvarado en tres ocasiones ha sido detenido por esta misma causa, y a criterio del abogado Fletes, eso constituye un abuso de autoridad.
Blanco Muñoz alegó que “el delito que se le acusó a mi hijo nunca fue probado, no presentaron pruebas; él salió libre la causa fue archivada”.
Blanco dijo que los vehículos ocupados se están destruyendo, y algunos pertenecen a casas comerciales que les están reclamando su pago.
Extrañamente la Fiscal de Chontales, Aurora Amador, no ha querido referirse al tema, alegando que no tiene en su poder el expediente, pero en el oficio que envió la judicial de Acoyapa, Maritza Reina Amador, a la jefa de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionada mayor Glenda Zavala, para que entregue los bienes ocupados, le dice que el Ministerio Público de forma oral dijo que no tenía nada sobre qué pronunciarse.
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