Las amenazas que una mujer víctima de violencia reciba por correo electrónico pueden tener consecuencias negativas para sus agresores. El borrador de proyecto de Ley Contra la Violencia sobre las Mujeres, lo incluye entre las amenazas a ser sancionadas.
En el borrador promovido por 14 organizaciones que integran la llamada Agenda Económica, proponen por ejemplo, la formación de un observatorio estatal de la violencia sobre la mujer, así como que sea creada una comisión legislativa especializada en género que le dé seguimiento a la administración de la justicia, así como que realice propuestas de reformas legales que adecuen la legislación a los convenios y tratados internacionales que han sido ratificados por Nicaragua.
“Esta violencia comprende el femicidio, la violencia física, psicológica, violencia sexual, violencia con víctimas especialmente vulnerables, violencia patrimonial y económica; la violencia institucional, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad que será sancionada de conformidad con la presente ley”, dicen en parte las disposiciones generales del borrador del anteproyecto.
En cuanto a los delitos y penas, en el borrador se plantea que comete femicidio “quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer”.
Entre las circunstancias establecidas para considerar que se registró un femicidio está: haber pretendido establecer o restablecer un relación de pareja o de intimidad con la víctima, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de noviazgo, laboral u otro, en la época en que se cometió el hecho, así como resultado de la reiterada manifestación de violencia contra la víctima, o resultado de ritos grupales, entre otros.
Los responsables de estos hechos proponen que sean sancionados con prisión de entre 25 y 30 años. “Y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo”, señala el borrador.
Contempla también que cualquier acto u omisión que afecte la estabilidad psicológica de una mujer, como humillaciones, abandono, negligencia, infidelidad que lleven a la víctima a la depresión, al aislamiento e incluso el suicidio, será sancionado con prisión que va de seis meses a 18 meses.
También “la persona que mediante expresiones verbales, escritas o mensajes electrónicos, amenace a una mujer con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de 10 a 22 meses”, señala el borrador de anteproyecto de ley.
La pena se incrementará de un tercio a la mitad, si la amenaza o acto de violencia se realiza en el domicilio de la víctima. Y si el autor fuese un miembro del cuerpo militar o policial, la pena se incrementará a la mitad. Si el hecho se llega a cometer con el uso de armas blancas o de fuego, la prisión será de dos años a cuatro años, según la propuesta.
VIOLENCIA PATRIMONIAL
Con este proyecto se pretende también castigar la violencia patrimonial y económica, que ocurre cuando el cónyuge en situación de separación priva a la mujer de los medios económicos indispensables para su subsistencia.
Igualmente intentan sancionar al funcionario independiente de su rango, cuando retarde, obstaculice, deniegue la debida atención a la víctima o le impida que ésta acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución que acuda.
Entre las formas de atención proponen que se brinde atención tanto a la víctima de violencia como al agresor. Pero que quienes estén a cargo de esa atención sean diferentes personas y que no sea en el mismo lugar donde ambas partes recurran.
Además, se hace hincapié que en ningún caso podrán brindar atención aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia.
Y entre algunas de las garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres proponen por ejemplo, que “las mujeres víctimas de violencia de género tiene derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de protección, de apoyo y acogida y de recuperación integral”.
ATENCIÓN PERMANENTE
Y establece que la atención que presten dichos servicios deberá ser permanente, urgente, especializada y multidisciplinaria. La que aclara deberá ser financiada por el Estado.
“Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, tienen derecho a la defensa y representación gratuita en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida”, señala en parte el borrador de anteproyecto.
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