Por Lucía Navas y Octavio Enríquez
El organismo cívico Ética y Transparencia (EyT) sostuvo anoche que el dictamen aprobado ayer por la Comisión Económica del parlamento, que ahora deberá pasar a plenario para su aprobación, “es el mismo mono con distinto vestido” en el caso de la ley de contrataciones administrativas.
César Martínez, del área de transparencia del organismo EyT, advirtió que simplemente se cambió el nombre de contrataciones directas a “simplificadas” y dejó la responsabilidad de su aprobación en los ministros.
Hasta ahora la responsabilidad de autorizar contrataciones directas es de la Contraloría General de la República, que le cedió en los primeros tres años al gobierno de Ortega 407 millones 435 mil 971 dólares en contratos excluidos del proceso de licitación.
La nueva disposición de los diputados también quita la función a la Dirección General de Contrataciones del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda, que se queda con un ámbito de influencia en el caso de los contratos marcos, aquellos en que el Estado hará compras a granel con el interés de un supuesto trato favorable.
“En el caso de situaciones de emergencia o de urgencia no derivadas de desastres o calamidad pública, que impidan la continuidad del servicio de la entidad, deberán ser aprobadas por la máxima autoridad institucional. Las adquisiciones que se efectúen en tales situaciones deberán estar directamente relacionadas con la anormalidad que se busca corregir”, dice el artículo 58.
- El diputado liberal Francisco Aguirre Sacasa, uno de los más críticos del dictamen preliminar de junio pasado, razonó su apoyo.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, confirmó la revisión y la calificó de muy buena.
El proceso fue supervisado también por un consultor del BID a petición del presidente de la comisión, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, luego de una polémica suscitada tras una publicación de LA PRENSA sobre el proyecto en agosto pasado.
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“En todo caso se debe tratar de situaciones que imposibiliten acudir al proceso de selección que correspondería”, agrega el mismo artículo.
La decisión deja una vez más una amplia discrecionalidad en el Ejecutivo, a la que se habían opuesto públicamente la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) prometiendo que no dejarían pasar una ley de contrataciones a la medida de los intereses gubernamentales.
Sin embargo, los liberales firmaron el documento.
El argumento más “convincente” que ofrecieron tanto Francisco Aguirre Sacasa como Freddy Torres, vicepresidente de la Comisión Económica del parlamento, fue que el documento contaba con el respaldo del Consejo Superior de la Empresa Privada y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Quedó claro que en los diputados privó la urgencia de no atrasar más allá de noviembre la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas.
El BID comunicó el 1 de septiembre pasado que “la puesta en vigencia de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público es una de las condicionalidades para desembolsar 42.5 millones de dólares en concepto de Préstamos en Apoyo de Reformas de Políticas (PolicyBased Loan-PBL-)”.
“ESTADO FALLIDO”
El diputado Torres intentó situar el tema en otro punto: “El problema no es la ley, porque se les ha quitado todo el inicio de manosear el erario, el problema es que podemos hacer leyes buenas, pero tenemos un Estado fallido, donde no hay Poder Judicial, Contraloría General de la República ni hay legalidad de los actos de Gobierno”.
Sin embargo, Martínez, de EyT, criticó el proceso de consulta. “Lo miramos demasiado rápido y es poco consensuado. Recomendaciones que hicimos desde 2007 no fueron resueltas, por ejemplo las contrataciones directas”, agregó Martínez.
ARTICULADO PELIGROSO
Otro punto riesgoso que confirmó es el caso de los entes del Estado que funcionan como empresas, como la aguadora Enacal, la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (INAA) y la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic).
Este tipo de empresas queda excluida de la aplicación de la Ley de Contrataciones Administrativas según el artículo cinco.
“Quedan excluidas las empresas del Estado únicamente en lo relativo a su giro ordinario y a los contratos conexos, según lo establecido en el artículo 3 de la presente ley”.
“A la hora de aplicar la ley los funcionarios bien pueden interpretar que el giro ordinario significa todas aquellas empresas proveedoras de obras, bienes, servicios que se relacionen con el fin para que el fueron creadas. Enacal fue creado para proyecto de agua, entonces todo eso es de su giro ordinario y entonces el funcionario puede interpretar que no va a aplicar la ley”, explicó Martínez.
Martínez añadió que la inscripción de las empresas que compiten en licitaciones, en el registro de los Proveedores, será exigido a las empresas nacionales, mientras que las extranjeras podrán inscribirse a última hora de acuerdo con su explicación.
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