Una reforma al Protocolo de Tegucigalpa, para cambiar las reglas sobre la toma de decisiones y la asignación de atribuciones a instituciones comunitarias, es la salida propuesta para evitar que “posiciones políticas” sigan obstaculizando la consolidación del proceso de integración centroamericano.
Haydée Castillo, coordinadora del capítulo Nicaragua del Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano (CC-SICA), dijo que cambiar el consenso por la mayoría calificada, para la toma de decisiones en el Consejo de Ministros y la Reunión de Presidentes del istmo, aceleraría el proceso de integración.
Eso evitaría situaciones como la que padece Honduras, que, a pesar de contar con el respaldo de cinco de los siete estados miembros, se mantiene suspendido del SICA por la oposición del presidente Daniel Ortega.
La renuencia de Ortega a aceptar al Gobierno de Honduras afecta desde el punto de vista político y la falta de consenso obstaculiza el avance de la integración, explicó Orlando Mejía, director del Centro Interuniversitario para Estudios de la Integración.
Omar García Palacios, especialista en derecho constitucional, indicó que las reformas también deben garantizar que al Parlamento Centroamericano (Parlacen) se le atribuyan funciones regionales y que su legislatura sea acatada en toda la región.
La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) debe fortalecer su rol, para que sus resoluciones también sean aceptadas por todos los estados miembros.
El presidente de la CCJ, Alejandro Gómez Vides, explicó que para llegar a eso primero deben lograr que todos los países se integren, luego “reinventarse” y “reformarse”, para que las leyes regionales sean aplicadas y las cumplan en los estados miembros.
Para Mejía, materializar esas reformas al Protocolo de Tegucigalpa significaría un salto cualitativo en el proceso, pero dependerá de la voluntad política de los gobernantes, ya que la única forma de lograrlas es con una resolución de consenso en una reunión de presidentes.
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