El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, dijo ayer que el Estado, en su debido momento, deberá gestionar la devolución de los jugosos salarios que en la actualidad se entregan a un centenar de funcionarios de facto y que suman más de 231 mil dólares mensuales.
LA PRENSA publicó ayer que en la actualidad existe casi un centenar de “funcionarios” que no han sido electos ni ratificados en la Asamblea Nacional, como exige la Constitución.
Entre todos ellos consumen, sólo en salarios, más de 231 mil dólares por mes.
“El delito es de los que se están beneficiando con esos salarios y la obligación que tiene el Estado, hoy o más adelante, es recuperar esos recursos que han sido adjudicados ilegalmente y de los cuales se han beneficiado sin respeto y apego a las leyes del país”, consideró Pallais.
“Hay que hacer responsables a quienes se han beneficiado (del dinero) y a quienes lo han autorizado, entiéndase el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda, el Tesorero General de la República, todos aquellos funcionarios que han sido partícipes de un desvío de recursos de los ciudadanos hacia funcionarios que carecen de legalidad”, agregó Pallais.
ESTADO DESINTEGRADO
Mientras, el analista en temas constitucionales, Gabriel Álvarez, sostuvo que al mantener el Gobierno irregularmente en sus cargos a un centenar de personas, el Estado de Derecho se diluye más.
“Se violenta la integración misma del Estado, el Estado está desintegrado, es un Estado de facto el que tenemos”, precisó Álvarez.
El experto recordó que el Gobierno también ha impulsado la irregular destitución de una serie de alcaldes.
“Se violenta la división del poder que hace la Constitución, la cual dice que los ministros y otros cargos deben ser ratificados por la Asamblea Nacional, no es por una mera formalidad (…) se ha socavado el principio de división de poderes, se está atropellando a la Asamblea Nacional”, señaló Álvarez.
Para Álvarez, los ministros, viceministros y embajadores que ejercen funciones sin haber sido ratificados en el parlamento, cometen el delito de peculado y utilización de recursos humanos de la administración pública, entre otros.
Álvarez propuso a las autoridades competentes analizar los casos y confirmar cuántos artículos de la Constitución y del Código Penal violentan los funcionarios de facto.
El presidente Daniel Ortega y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han defendido la permanencia de los distintos funcionarios, pese a que no han sido electos o ratificados en el parlamento.
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