Para funcionar bien en el 2011 el Poder Judicial necesita al menos dos mil 143 millones de córdobas de presupuesto, informó su administrador, Róger Espinoza.
Por las necesidades que enfrenta el país, más la emergencia actual causada por las lluvias, Espinoza proyecta que del Presupuesto General de la República sólo se le asignarán alrededor de mil 400 millones de córdobas, que serían el cuatro por ciento del total del presupuesto del Estado.
Espinoza indicó que ya la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió su presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero no espera recibir todo lo que pidió, por lo que tendrán que hacer frente a las carencias.
Aunque se ha acusado a la CSJ de contratar personal numerario, por favores políticos, Espinoza sorprendió al afirmar que el principal problema del Poder Judicial es la falta de personal.
Según Espinoza, un estudio de hace dos años revela que Nicaragua es el país de Centroamérica que menos personal tiene para atender a los usuarios de la justicia.
Por ejemplo, citó Espinoza, mientras que en Costa Rica existen 17.5 funcionarios judiciales por cada 100 mil habitantes, en Nicaragua sólo existen 5.3 funcionarios judiciales por igual cantidad de habitantes.
Espinoza también minimizó el impacto que tiene el cobro que la CSJ realiza por algunos servicios que presta a los usuarios de la justicia, como autenticaciones, constancias, servicios de imprenta, entre otros.
Esos cobros sólo permiten el ingreso a las arcas de la Corte de aproximadamente 200 mil dólares, equivalentes a tres millones de córdobas, cuando el déficit de la CSJ en estos momentos sería de 700 millones de córdobas.
Otra situación que explicó Espinoza fueron las sentencias de los jueces en casos de narcotráfico, que otorgan el dinero incautado a las cuentas bancarias del Poder Judicial.
Espinoza alega que ese dinero no se puede tocar hasta que haya sentencia firme, es decir, que ya no puede ser revocada, y solo una parte del botín puede ser utilizado para la parte administrativa del Poder Judicial, porque la Ley de Carrera Judicial estipula que la mayor parte se destine al Fondo Social de Jubilación para los funcionarios judiciales. Ese fondo tiene ahorita un millón de dólares de reserva.
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