SAN SALVADOR/ AGENCIAS
Una ley que penaliza la pertenencia a pandillas y otros grupos, así como su financiación, empezó a regir desde ayer en El Salvador, después que esas bandas obligaran al transporte a paralizar sus labores durante 72 horas para exigir que no se sancionara este instrumento jurídico.
La ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, conocida como “antimaras”, fue aprobada por el Parlamento el pasado 1 de septiembre y sancionada nueve días después por el presidente Mauricio Funes, que descartó negociar con los pandilleros.
“Ocho días después de su publicación (en el Diario Oficial) entra en vigencia”, explicó el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos.
Esta ley busca contener la violencia que desangra a este país, donde se registran entre 10 y 13 asesinatos por día. Las organizaciones más violentas son la Mara Salvatrucha y la M-18, que presionaron hasta el último momento para que la ley no entrara en vigencia.
La norma declara ilegales y proscribe “las llamadas pandillas o maras” y prevé “la extinción de la titularidad, dominio, posesión o tenencia” de los bienes, efectivo, derechos, ganancias y ventajas que se hayan adquirido como parte de esa actividad delictiva.
También faculta a la Fiscalía o al juez competente a ordenar la inmovilización de cuentas bancarias o incautar bienes relacionados con estos delitos.
Campos detalló que las autoridades contarán “con nuevas herramientas” para “proceder contra el patrimonio de aquellas personas miembros de pandillas o relacionados con pandillas” e inhabilitarlos para integrar sociedades o ser accionistas.
“No pueden ejercer derechos políticos aquellos que sean condenados por este delito (…), no pueden recibir ningún beneficio legal de parte del Estado, no pueden ser legalizados, no pueden ser apoyados, no pueden mantener permisos (…), por ejemplo, de operar un bus, ni pueden ser dueños” de estos mediante terceros, sentenció.
IGLESIA APOYA LEY
Por su parte, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo en una rueda de prensa que la ley “es una herramienta válida” y “un elemento a favor para la solución de la violencia”, pero “no basta”, advirtió el prelado, quien destacó la necesidad de “avanzar en la prevención del crimen” y en “la investigación”.
“Nosotros no sabemos en realidad el futuro, ni cuánto (la ley) va a ayudar (…), pero pensamos como lo hemos dicho en varias ocasiones que es una herramienta válida, que es un esfuerzo positivo que están haciendo las autoridades”, declaró en rueda de prensa el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
Monseñor Escobar confió que la ley que castiga —hasta con diez años de cárcel— a los pandilleros sea aplicada para salir al paso de la violencia.
El Ejecutivo presentó la ley luego de que presuntos pandilleros incendiaron el pasado 20 de junio un autobús con sus pasajeros a bordo, en un hecho que causó 17 muertos. Ese mismo día fue atacado a tiros otro vehículo del transporte, lo que se cobró tres vidas.
En marzo de 1996 fue aprobada una ley contra la delincuencia y el crimen organizado, pero la declararon inconstitucional en febrero de 1997, explicaron fuentes de la Corte Suprema.
Otra “ley antimaras” entró en vigencia, con carácter temporal, en octubre de 2003 y establecía como delito la pertenencia a pandillas, a la vez que juzgada a los menores como adultos en caso de haber cometido un asesinato, pero fue declarada inconstitucional en 2004.
Campos aclaró que esas leyes anteriores fueron declaradas inconstitucionales porque penalizaban “modos de ser” y establecían penas, por ejemplo, al uso de tatuajes o de comunicaciones mediante códigos.
Indicó que la actual es una “ley administrativa”, que especifica o complementa las conductas prohibidas y que, por sí sola, no establece penas.
En este caso, no entrará en vigor aún el aumento de penas, dado que el Ejecutivo no ha sancionado la reforma al artículo 345 del Código Penal.
Distintos sectores han advertido que esta ley “puede traer más violencia” y demandan medidas para evitar que los jóvenes se vinculen a estos grupos.
Mientras, en Guatemala se han declarado en alerta ante una posible desbandada de pandilleros salvadoreños a partir de la entrada vigencia de la “ley antimaras”.
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